La Alcaldía de El Alto activó este lunes una denuncia penal contra la exalcaldesa de ese municipio, Soledad Chapetón, por al menos tres delitos relacionados a un presunto favorecimiento a una empresa para el sistema de recaudo de los Wayna Bus. Habría un daño económico de Bs 2,6 millones.
"Los informes de auditoría dan cuenta que en la gestión pasada se ha advertido, en este proceso de contratación, una serie de irregularidades", afirmó el director general de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Isaac Mauricio.
Explicó que, según la auditoría, la gestión de Chapetón contrató a una empresa de servicios informáticos, bajo la modalidad de excepción, cuando correspondía la licitación pública.
Mauricio reveló que la empresa privada provisionó hardware y software "artesanales" para el sistema de recaudo del Wayna Bus, pero "nunca" entró en funcionamiento. Aseguró que los mismos conductores de los buses afirmaron que el "sistema de molinete se trancaba, se hizo un caos en los hechos", sostuvo.
Son nueve exservidores públicos y el gerente de la empresa que deben responder por el proceso incoado. Para la exalcaldesa identificaron los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, posterior a la provisión del servicio que no llegó a funcionar, según Mauricio.
"Había varias empresas proponentes, entre ellas la empresa que había implementado el sistema de recaudo de Mi Teleférico, pero estos informes nos dan cuenta que este proceso se ha direccionado complemente a favor de la empresa", subrayó el funcionario de la comuna alteña.
Los implicados fueron identificados como: Pedro C. P., Johan S. Z.; Moisés E. Á., Mirian C. H.; Juan Carlos R. T., René Fernando L. R.; además de Omar Juvenal M. J., Ángela O. C., Jonathan Efraín Á. C. y el gerente general de la empresa.
Chapetón y su gabinete de secretarios y servidores públicos también fueron denunciados en 2022 por el daño económico de una obra inconclusa; el segundo, por utilizar recursos del Sistema Único de Salud (SUS) para pagar salarios durante la pandemia y por el déficit económico de 230 millones que se dejó a raíz de dicha decisión.