Caso murillo, ahora la tarea es reparar el daño civil

Arturo Murillo y su grupo le deben $us 2,3 millones al país. Si bien se proseguirá con el trámite de extradición, no se descarta pedir su deportación.

Se trata de recuperar $us 2.3 millones; buena parte de este dinero ya volvió a las arcas del Estado.
Esta semana, en Estados Unidos, finalmente concluyó el juicio penal contra Arturo Murillo Prijic. El juez Paul Hock, del condado de Florida, Miami, fue el encargado de dictar la sentencia. Los delitos por los que irá a prisión (por los que seguirámás bien) son conspiración para cometer lavado de dinero y soborno. Con una sentencia que es inapelable, el exministro de Gobierno del mandato interino de Jeanine Áñez fue sentenciado a 70 meses de cárcel en la prisión federal de Florida. En realidad, dado que está detenido casi 19 meses, lo que debe cumplir ahora son 51, poco más de cuatro años. Puede que salga en libertad condicional en un futuro, si es que tiene un buen comportamiento; pero esto, según la norma del país del norte, ocurre solo cuando el interno ha cumplido 80% de su pena. Los 5 años y 10 meses con que se le castiga, hace notar el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, es la sentencia más alta que el resto de sus cuatro cómplices, que tienen prisión entre dos y tres años; más dura condena porque fue juzgado como cabecilla del grupo delictivo. Pero ahora viene, debe venir, la reparación del daño causado por el exministro al sustraer 2.3 millones de dólares de las arcas del Estado.
Y dicha reparación tendría que ocurrir en el juicio civil que el país también instaló en Estados Unidos. El Procurador reveló a Animal Político que en una reprogramación del calendario de audiencias judiciales en Miami, el juicio ocurrirá al empezar el segundo semestre de 2023, en julio. Con todas las dilaciones que pueda haber, Chávez confía en que será en este año en que habrá sentencia en el referido juicio civil. La peculiaridad y ventaja del juicio civil con respecto al penal es que tendrá un mayor alcance en cuanto a procesar a "terceros", empresas e intermediarios que algo tuvieron que ver con la estafa. Se busca recuperar lo que Murillo y su grupo se llevaron al país del norte. Aunque no quiere dar el monto preciso, el Procurador asegura que buena parte del dinero ya volvió a las arcas del Estado.
—Finalizado el juicio contra Arturo Murillo por el lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, ahora el trabajo es el juicio civil, la reparación del daño.
—Hemos conocido que el calendario del juicio civil ha sido modificado. Comenzando el segundo semestre de este año, se ha programado para que se dé el día y hora del juicio civil contra Murillo y los otros implicados, y algunos intermediarios que han participado en este hecho. La relación entre ambos juicios es directa. Una vez juzgado, ya siendo Murillo, como dicen, un reo rematado, que ya no tiene argumento alguno para la defensa, claramente lo que tiene que hacerse ahora es la reparación del daño civil, el juicio civil en el que estamos involucrados. Esto pasa al margen de que Bolivia ha empezado negociaciones, varias tratativas, para llegar a acuerdos con quienes se han querido someter a un acuerdo con nosotros; hemos logrado dos por lo menos. Entonces, la relación es muy directa entre la finalización del juicio anterior y el inicio de la acción civil, que es lo que inmediatamente sobreviene a este juicio penal cerrado.
Wilfredo-Cháve-Serrano
Se trata de recuperar $us 2.3 millones; buena parte de este dinero ya volvió a las arcas del Estado.
—Las declaraciones en el proceso penal ya son un gran avance en el proceso civil, parece.
—Nos sirven mucho esas declaraciones, los testimonios, la prueba colectada en la vía penal, pues da pie a que no haya ya discusión de muchos aspectos que hacen a la responsabilidad penal. También hay empresas involucradas, intermediarios que no están en el juicio penal, entre los condenados, pero sí tienen responsabilidad civil, porque han participado de la intermediación o bien han sido personas que sabían del negocio y han redistribuido los dineros y los han entregado al señor Murillo y a los demás, en un monto de 2.3 millones; entonces, se agregan otros actores más. En realidad, el juicio civil ha ido más allá porque se han hecho entrevistas incluso a terceros, que no estaban ni citados en el juicio penal, como, por ejemplo, el señor Mohamed Mostajo, el exsecretario privado de Jeanine Áñez, Erick Foronda, y otros más que han estado desfilando ante las citaciones de la justicia civil en Estados Unidos.
—O sea, el juicio civil tiene mayor alcance que el penal.
—Sin duda ha tenido un ámbito más amplio, por el tiempo. No ha estado sujeto a una presión como estaba el juicio penal, con detenidos u otros. Tenemos este semestre para ir aportando pruebas. Este año, esperamos, si no hay una modificación imprevista, sería también con sentencia en materia civil. Esperemos que los recursos lleguen al pueblo boliviano, de todo lo que se ha podido confiscar e incautar allá en esta investigación penal también.
—Siendo el juicio en el segundo semestre, ¿cuánto tiempo se prevé que va a durar?
—Según el calendario que nos dieron en estos días, el juicio estaría celebrándose en julio de este año. Este juicio puede ser diferido por algunas condiciones; esperemos que no sea así, pero ya no son plazos largos. Entonces, como le decía, tenemos toda la confianza de que en este año, 2023, se dé la sentencia en primera instancia. Existe obviamente el recurso de apelación contra la decisión, como en todo el mundo.
—Se dice que para esta sentencia hubo una negociación, una menor pena a cambio de información que afecte a Evo Morales.
—El acuerdo (Murillo-Justicia) al que hemos accedido en ninguna de sus partes establece que se beneficia o accede a alguna otra forma de ventaja, por haber proporcionado información, en ningún sentido, el acuerdo no establece eso. Es un acuerdo en que, al igual que los firmados por los otros coprocesados, reconoce el delito, da las condiciones, se compromete a facilitar todo lo que se pueda, a objeto de que sea una sentencia como la que se conoció finalmente. Hay varias cosas que se han puesto en el acuerdo y ninguna considera ese aspecto tan mentiroso, tan infame (de reducción a cambio de Morales); es una especulación burda, que no tiene ningún sentido.
—En el sistema penal estadounidense, el tiempo que ha estado detenido cuenta como parte del total de meses, 70 en este caso.
—Sí. Murillo ha estado detenido cerca de 19 meses; eso se va descontar de los 70 que tiene; de modo que le resta 51 meses; se va computar esos meses.
—¿Qué posibilidad hay de que pueda salir de prisión antes, por buen comportamiento?
—Hemos consultado, y nuestros abogados nos dicen que por práctica allá en Estados Unidos podría haber el beneficio de libertad condicional cumpliendo 80 por ciento aproximadamente de su pena. Falta mucho todavía.
—¿Qué corresponderá cuando Murillo salga de prisión, la extradición o la deportación?
—En su momento, lo que hay que pedir es saber cuál es el estatus migratorio de Arturo Murillo. Si va a tener visa todavía, aparentemente no la tuviera ya. Y al no ser ciudadano norteamericano, la práctica haría que lo deporten al cumplir su sentencia. Pero, nosotros tenemos un tratado de extradición vigente con Estados Unidos, que ha sido invocado y tramitado ya. Entiendo que la Fiscalía ya ha requerido, a través de un circuito judicial; vía Cancillería ya se habría activado el convenio de extradición vigente con Estados Unidos; para que la Cancillería derive al Departamento de Estado, y éste a su vez al Departamento de Justicia, para que emita la extradición del señor Murillo luego de una evaluación que realice de manera soberana e interna ese país. Faltan tres años para que Murillo acceda, si es el caso, a un beneficio, y esperemos que en ese plazo se habilite y conceda la extradición, y Murillo venga al país. De no ser el caso, está abierta la posibilidad de la deportación, que se da cuando una persona no tiene un estatus legal dentro del país del norte, se la expulsa o deporta al cumplimiento de su condena. Esto se ha dado en el caso del excoronel Luis Arce Gómez, que fue deportado al país en cuanto cumplió su sentencia por narcotráfico; lo mismo ocurrió con el señor Roca, Techo de Paja. Entonces, esa es una posibilidad que también puede darse; todo dependiendo del estatus migratorio que tenga al momento de cumplir su condena.
—En Bolivia también hay un juicio por los gases lacrimógenos, que implica al exministro de Defensa Fernando López.
—En Bolivia tenemos un juicio por los gases, pero no es por los delitos o hechos ocurridos en Estados Unidos. En Bolivia tenemos una investigación abierta contra él, contra el exministro López y contra otra gente por su participación en delitos previstos por la Ley 4 Marcelo Quiroga Santa Cruz, delitos de corrupción dentro el país. Una vez que cumpla su condena en Estados Unidos, tiene que venir a cumplir su condena en Bolivia por esos hechos. Recordemos que ellos (Murillo y López) han declarado (en este caso) en su momento, lo que le costó la cabeza al exprocurador del Estado, que los denunció y al poco tiempo lo sacaron. Supuestamente estaban tranquilos, pero no era así, era un escándalo mayúsculo, con bastantes documentos que demostraban cómo con intermediarios se había realizado una gestión dolosa. Ellos se han atenido al silencio, pero han conocido el hecho y luego se fueron del país; pero el juicio ha avanzado, como debía avanzar.
—El dinero. De los 2.3 millones de dólares, ¿cuánto finalmente se ha recuperado y cuánto falta?
—Eso tiene que darse, formalmente hablando, con el juicio (civil) que tenemos en Estados Unidos, que está en calendario para inicios del segundo semestre de este año. Por otro lado, nosotros también tenemos que trabajar, y de manera ágil, en todo lo que se habría incautado en el juicio penal. Tenemos 2.3 millones de dólares que recuperar; empero, tenemos también una buena cantidad de dinero que ya ha sido devuelto a las arcas del Estado boliviano, por gestiones que se han realizado en su momento. No puedo dar el monto, por una estrategia legal, pero hemos recuperado ya un buen porcentaje de ese dinero, pero falta. Falta también que nos paguen los daños y perjuicios, los costos en abogados. Yo tengo la confianza de que en el juicio civil vamos a recuperar el saldo que queda, además de los daños y perjuicios.
—¿Hay bienes anotados de los implicados, para recuperar también por esa vía?
—En la justicia norteamericana, cuando se ha cometido el delito, han hecho las incautaciones de todos los activos que tenían los involucrados. Según me comentaban, por eso (por la incautación) Murillo no tenía dinero para pagar la fianza, o sea, no tenía dinero limpio. Pero lo que tenemos son varios activos, las fianzas que se han depositado.
—¿Es posible que ese dinero sirva para reparar el daño?
—Estamos justamente en esa gestión allí, las gestiones las están haciendo nuestros abogados allá en Estados Unidos.
—¿En Bolivia se tiene lo mismo, bienes anotados?
—En Bolivia, por supuesto, en materia penal ha avanzado. Lo que pasa es que aquí esas personas (Murillo y otros) un poco más y son pobres de solemnidad; hay terceros, en fin. Los bienes que han sido habidos, de acuerdo al artículo 90 del Código Penal tienen una hipoteca legal desde el momento de la comisión del delito.