El Gobernador de Potosí se encuentra investigado por el delito de contratos lesivos al Estado por el proceso presuntamente irregular para la compra de 41 ambulancias.
El Gobernador de Potosí continuará con detención domiciliaria.
Este viernes, el Vocal de la Sala Penal 3ra de Potosí definió revocar las medidas alternativas del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani. En consecuencia, la autoridad departamental seguirá con detención domiciliaria dentro de las investigaciones por irregularidades en el proceso para la compra de 41 ambulancias.
"En audiencia de apelación a la modificación de medidas cautelares, el Vocal de la Sala Penal 3ra de Potosí declaró procedente el recurso interpuesto por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y el Ministerio Público en el caso Ambulancias. Por lo que se dispuso revocar las medidas alternativas otorgadas al gobernador Jhonny Mamani Gutiérrez en fecha 29 de diciembre de 2022 y mantener la resolución de fecha 3 de octubre de ese año, con las medidas cautelares establecidas.", informó el Ministerio de Justicia.
En octubre del año pasado, el juez Osmar Homero Cardozo ordenó el arresto domiciliario con salidas laborales para Mamani, el arraigo, la presentación en la Fiscalía cada lunes y que el sindicado esté a disposición de la autoridad judicial en el marco del proceso investigativo.
La defensa de Mamani apeló la decisión judicial y el 29 de diciembre logró que el juez cautelar Raúl Raya dicte medidas menos severas. Aquel día se levantó la detención domiciliaria del gobernador y se ordenó que se presente cada mes en la Fiscalía.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia apeló ese falló y logró que la Sala Penal Tercera revoque esas medidas sustitutivas.
El gobernador de Potosí se encuentra investigado por el delito de contratos lesivos al Estado por el proceso presuntamente irregular para la compra de 41 ambulancias. Varios puntos llamaron la atención y hacen presumir corrupción en esta intención de adquisición. Entre estos existiría un acta de recepción de los vehículos, aunque no llegaron al departamento ni fueron distribuidos.
Asimismo, cuando los motorizados arribaron a Chile se constató que eran reacondicionados. Aparte, si bien se frenó el proceso de compra, supuestamente no se ejecutó una boleta de garantía. El monto previsto para esta adquisición era de Bs 20,5 millones.