La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este viernes que las transferencias económicas realizadas por el excívico Luis Fernando Camacho a los militares en la crisis de 2019 no fue legal por lo que exigió su investigación y esclarecer el fin de esos fondos, presuntamente empleados para el golpe de Estado.
De acuerdo con información oficial, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho hizo movimientos bancarios por al menos Bs 4,5 millones.
Las transacciones no solo involucraron al actual gobernador de Santa Cruz, sino también a su padre José Luis Camacho, quien "cerró" con los policías y militares para que no salgan a reprimir las protestas, a su hermana, Rosa María, y a otras ocho personas de su círculo cercano.
El entorno de confianza de Camacho se constituyó en una suerte de vínculo con los mandos militares, dirigidos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, quien el 10 de noviembre de 2019 sugirió "al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia".
Uno de los nombres que aparece en el flujograma de las transacciones financieras del excívico cruceño es el del excomandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros, parte del alto mando dirigido por Kaliman.
El abogado de Terceros, Eusebio Vera confirmó el jueves que hubo depósitos en 2019 de parte de Luis Fernando Camacho a su defendido y que estos fueron "canalizados mediante el Comandante General de las Fuerzas Armadas el señor Kaliman".
"Efectivamente hubo esos depósitos (…) yo le puedo asegurar que no alcanza ni a 30.000 bolivianos", confesó Vera en declaraciones divulgadas por la emisora Erbol.
Ante la declaración, Prada señaló que el hecho debe investigarse y los involucrados esclarecer los montos y el destino que dieron a esos dineros.
"Las fuerzas del orden, que tienen una jerarquía a la cual deben obedecer, estaban recibiendo en sus cuentas dinero de personas como el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en ese momento, por supuesto que eso tiene que investigarse porque no es para nada ni legal, ni tampoco como ellos están dando a entender que fue un movimiento ciudadano", señaló Prada a Bolivia Tv.
Según las investigaciones, estos movimientos económicos sólo corresponderían a un una parte de todos los fondos que se movilizaron para concentrar la ruptura del orden constitucional y de ello también tendrá que dar explicaciones el gobernador Camacho, recluido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre por el caso Golpe de Estado I.
"Llama la atención que un dirigente cívico tenga todo ese movimiento de dinero en sus cuentas y es eso lo que se tiene que investigar y es eso a lo que el señor Camacho debe responder", afirmó Prada.
La autoridad lamentó que, con protestas que están focalizadas en ciertas zonas de la capital cruceña desde que Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre, se intente "generar impunidad" sobre los hechos de 2019.
Responsabilizó de ello al Comité Pro Santa Cruz que desde hace varios años "impone una dictadura cívica con rasgos muy patronales" porque quien no se "somete, no se arrodilla" a las órdenes de estos sectores "es hostigado, declarado enemigo o traidor y con muerte civil".
Sugirió dejar a la justicia continuar con su labor, que investigue los hechos y se den con los responsables de la ruptura del orden constitucional que desencadenó en las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, con más de una veintena de muertos y cientos de heridos.