En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó este viernes que se haya "secuestrado" a Luis Fernando Camacho y aseguró que su aprehensión y posterior detención preventiva está enmarcada dentro del debido proceso. La autoridad aseveró que toda la actuación de la Policía Boliviana, la Fiscalía y la administración judicial está enmarcada en el debido proceso y no puede ser discutida, debido a que la causa data de hace dos años, en los que la autoridad electa no se presentó a declarar. "Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la Policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso, con argumentos jurídicos", dijo el Ministro. Lima, en ese sentido, recordó que el caso denominado 'Golpe de Estado I' data de octubre del 2020 y fue enfático en señalar que el Ministerio Público no tenía más opción que emitir la orden de aprehensión puesto que Camacho no se presentó a declarar en cuatro citaciones diferentes, tanto en La Paz como en Santa Cruz.
"Es un caso iniciado en octubre de 2020. (Camacho) ha sido citado y no se presentó y el caso no concluye porque él lo está obstaculizando. (Camacho) tiene derecho a ser escuchado, pero ha negado su concurso permanentemente ya sea en Santa Cruz o en La Paz", señaló. Lima especificó que ante la negativa de asistir a declarar por parte del Gobernador de Santa Cruz, el Ministerio Público se amparó en el artículo 226 de la Ley 1970 para emitir la orden de aprehensión contra Camacho. "El artículo 226 de la Ley 1970 dice que el Ministerio Público puede activar la aprehensión de cualquier ciudadano que se niegue a brindar su declaración ante la instancia competente. Es lo que ha ocurrido, no tenía otra opción el Ministerio Público que emitir la orden de aprehensión, que fue emitida en octubre pasado", dijo. El Ministro de Justicia, en ese sentido, enfatizó que en el país no existen "ciudadanos de primera y de segunda" y que una autoridad política no está exenta de las leyes y no puede ampararse en su posición para evadir responder ante la justicia. Así, Lima descartó cualquier posibilidad de aceptar que Camacho haya sido "secuestrado". "El secuestro es cuando una persona que no tiene potestad ni base legal, priva de su libertad a un ciudadano, esto no tiene ninguna connotación de esas características (…) Esta situación nos lleva a descartar absolutamente la posibilidad de que el gobierno pueda avalar o permitir un secuestro", afirmó. Por otra parte, el Ministro de Justicia también aprovechó la conferencia para aclarar "tergiversaciones" emitidas en relación a la aprehensión de Camacho, la más importante la referida al receso judicial. Aclaró que la vacación judicial no aplica al Ministerio Público y la aprehensión de Camacho fue ordenada por una orden fiscal y no judicial. "Acá ha habido una acción enmarcada en el debido proceso, ordenada por la fiscalía y ejecutada por la policía", aseveró. Finalmente, el ministro informó que una de las acciones de libertad presentadas por la defensa del gobernador fue rechazada en La Paz, otra, que es idéntica, será considerada por un juzgado en Santa Cruz; además, se activarán procesos penales a quienes protagonizan la toma de instituciones públicas en la capital cruceña. "No puede quedar pagado por los impuestos de los bolivianos, quien destruye, quema, genera daño al patrimonio del Estado, debe responder ante la justicia, se activarán acciones penales contra quienes impiden el desarrollo normal de las actividades en Santa Cruz", advirtió.