El fiscal Omar Mejillones advirtió peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones porque el gobernador de Santa Cruz presenta un "considerable flujo migratorio" a diferentes países con "diferentes pasaportes".
La Fiscalía Departamental de La Paz presentó este jueves una imputación formal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y solicitó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de Chonchocoro, de El Alto, por el delito de terrorismo dentro de caso Golpe de Estado I.
"Solicitamos como extrema medida de ultima ratio se impetra la ampliación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva de Luis Fernando Camacho Vaca en el centro penitenciario de Chonchocoro de la ciudad de La Paz (…) por el tiempo de 6 meses", pide mediante un documento el fiscal de Materia de la Fiscalía paceña, Omar Mejillones.
El exrepresentante del Comité Cívico pro Santa Cruz fue aprehendido ayer en Santa Cruz y luego trasladado a La Paz en cumplimiento de un mandamiento de aprehensión del 31 de octubre, conforme el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, y pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El fiscal Mejillones advirtió peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones dentro del proceso porque Camacho "no tiene un domicilio habitual" y presenta un "considerable flujo migratorio" a diferentes países como: Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina, España, para lo cual hizo uso de "diferentes pasaportes, así como su cedula de identidad" lo que se constituye en "una facilidad para abandonar el país".
Asimismo, fundamenta que el exlíder cívico tiene varios procesos, al margen del presente, por diferentes delitos como incumplimiento de deberes; delitos contra la salud; ultrajes a los símbolos patrios; por delitos de discriminación y racismo; resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes; uso indebido de influencias; conducta antieconómica; atentado contra el Presidente y altos dignatarios del Estado; violencia política contra mujeres; atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la libertad de servicios públicos, procesos abiertos incluso en pleno desarrollo de etapa preparatoria.
También alega que los "hechos vandálicos en la ciudad de Santa Cruz" perpetrados desde su aprehensión, como la quema de instituciones públicas, con la finalidad de exigir su liberación se constituyen en "evidente concurrencia de riesgo procesal".