El ministerio de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, advirtió este lunes que se sancionará a los avasalladores con todo el peso de la ley.
Adelantó que se sostendrá reuniones con las partes pertinentes para agilizar las investigaciones.
"El día de hoy vamos a sostener reuniones con todas las partes involucradas y a partir de mañana vamos a realizar los operativos correspondientes. Si existen campesinos, indígenas, empresarios, menonitas, clase media o jueces involucrados en temas de avasallamiento o tráfico de tierras vamos a actuar con todo el peso de la ley", remarcó el titular de Gobierno, en conferencia de prensa.
La mañana del 8 de diciembre se produjo un enfrentamiento en Lomas de Arena, parte posterior de la Refinería Palmasola en el departamento de Santa Cruz, específicamente en un predio privado del Centro Turístico Kim.
Personas que pretendían asentarse en el lugar fueron resistidas por propietarios y supuestos vecinos del lugar, en medio del conflicto se quemaron pastizales en esta área que tiene un acuífero. Como resultado de este conflicto, dos personas fueron heridas.
Ante estos presuntos avasallamientos, desde la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) señalaron que este caso no estaba entre sus competencias al ser una propiedad privada y estar en la mancha urbana, era necesaria la denuncia penal del propietario y el accionar de los gobiernos subnacionales.
Sin embargo, al existir una "demora" en la emisión de los requerimientos judiciales para que la investigación avance, el Ministerio de Gobierno tendrá reuniones para priorizar el tema y luchar contra el delito de avasallamiento o tráfico de tierras.
"Ya no vamos a seguir delegando funciones a terceras o cuartas personas, o esperar que autoridades de gobiernos subnacionales realicen su trabajo en marco de sus funciones, ahora lo va realizar el ministerio de Gobierno de manera conjunta con la Policía Boliviana", explicó Del Castillo.
Aclaró que el accionar de la Policía se enmarcó en la Constitución Política del Estado y las normas vigentes a la espera de los requerimientos fiscales y judiciales.