En el país, el Gobierno identificó 208 casos de avasallamiento de tierras en predios fiscales, en proceso de saneamiento, en parques nacionales y en manchas urbanas.

Muchos de los casos son de larga data y se evalúa la competencia de las autoridades en cada caso.

La información fue presentada por el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, este martes en conferencia de prensa.

Guerrero detalló que los departamentos más afectados con el tema de avasallamiento de tierras son Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Pando.

En el caso de predios en proceso de saneamiento es el INRA el que recibe la denuncia e interviene, en cambio las tierras tituladas ya tienen propietarios y ellos deben encargarse del proceso.

Si la toma ocurre en un área urbana los gobiernos municipales intervienen.

En caso de parques y áreas forestales se hacen cargo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Gabinete de Tierras
El director del INRA informó que el Gobierno conformó un Gabinete de Tierras, integrado por el Presidente, el Vicepresidente, cinco ministerios, tres viceministerios y tres direcciones.

Todos ellos se reunieron para evaluar la situación en el país e impulsar la distribución equitativa de tierras.

Núñez aseguró que en el país se ha llegado al 90% de titulación de tierras en el área rural y solo un 10% está en proceso de saneamiento.

Ambas autoridades fueron enfáticas al afirmar que el Gobierno no tolerará el avasallamiento de tierras y que se aplicará lo que manda la ley, una pena de tres a ocho años de cárcel.

El viceministro Guerrero pidió a las autoridades del Ministerio Público y la Policía hacer cumplir la ley y explicó que los delitos son personales.

«Se debe castigar a los responsables sin estigmatizar a ninguna organización o partido político».

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Guerrero puso como ejemplo el caso de Las Londras, en Santa Cruz, que desde 2021 no tiene sanción para los avasalladores.

"No se va permitir desde el gobierno que se avasallen tierras, sean privadas, del Estado o tierras fiscales porque hay una ley contra el avasallamiento de tierras, está penado, tiene cárcel", dijo.

"No tiene que haber miramientos si son de un lado o del otro, de la ciudad o del campo, de una u otra filiación. Aquí los delitos los cometen como personas y hay que castigarlas", acotó.

El viceministro remarcó la importancia de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad agraria y el cumplimiento de la función social de la tierra.

Casos
El director del INRA detalló algunos de los casos que actualmente están revisando.

"En el caso del Trébol den Guarayos, el INRA ha emitido un comunicado indicando que íbamos a coadyuvar porque es un predio titulado y el INRA no tiene competencia directa", dijo.

Explicó además de otro hecho en Pando, en un predio de 15.000 hectáreas, que están dentro de un área denominada de "derecho expectaticio".

El sector será destinado al aprovechamiento de la castaña y ese derecho no se entregó a nadie.

"No se entregó ese derecho de aprovechamiento a nadie, el caso está en investigación y proceso de saneamiento".

Respecto al caso de una parcela de la familia Kim en Santa Cruz, detrás de Palmasola, indicó que se trata de un área urbana y el INRA no puede intervenir, es competencia del gobierno municipal.

Ambas autoridades indicaron que se trasladarán a Santa Cruz para verificar personalmente las denuncias y hacer seguimiento a los casos.

Las denuncias de avasallamientos de tierras han resurgido en los últimos días, sobre todo en el departamento de Santa Cruz.