La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reporchó este martes que los promotores del paro cívico en Santa Cruz hablen de una seupuesta "persecución política" sólo para evadir responsabilidades por la presunta violencia que se desencadenó durante los 36 días de paro en esa región del país.
La autoridad instó a dejar que el Ministerio Público cumpla con las investigaciones para determinar si existe o no responsabilidad de acuerdo a las denuncias que presentaron diversas organizaciones.
"Creo que lo más fácil de mencionar cuando uno quiere evadir responsabilidades es señalar aquello, persecución política, y eso ya corresponderá en la instancia que tiene que hacer, estamos hablando de las denuncias que han sido presentadas ante el Ministerio Público, y bueno, el Ministerio Público deberá seguir con el trabajo (de investigación)", señaló la Viceministra.
Desde el 22 de octubre hasta el 26 de noviembre se impuso un paro cívico en la capital cruceña. Durante 36 días, se desencadenaron actos de violencia, con racismo y discriminación en contra de la población que se oponía a la medida radical, según denunció el Gobierno.
Los bloqueos fueron impulsados por el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el cívico Rómulo Calvo con su brazo operativo, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Ante los hechos de violencia ocurridos durante la medida de presión, se formalizaron tres denuncias en contra de los promotores del paro y otros y la fiscalía general de Estado informó que se habían unificado los procesos en una sola investigación.
El fin de semana, el Comité Cívico cruceño exigió el cese de la supuesta persecución política y hasta amenazaron con iniciar un nuevo paro.
Ante este contexto, la viceministra de Comunicación señala que es necesaria una evaluación de las consecuencias del paro cívico que además de causar una pérdida de más de $us 1.200 millones, causaron daños en la sociedad, dijo.
Explicó que tras las denuncias presentadas corresponde que exista una investigación y que los denunciados se defiendan.
"Existieron vulneraciones de derechos humanos, como fue la agresión por parte de un subgobernador (de la provincia Ñuflo de Chávez) a mujeres ayoreas, actos vandálicos, tomas, saqueos, quemas de predios de organizaciones sociales. Si se presentan denuncias corresponde que las mismas sean investigadas y arrojen si hubo responsabilidades o no", indicó.