El Gobernador de Santa Cruz alertó que se viene una nueva "represión" contra Santa Cruz.
El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, busca "generar un espacio de impunidad con respaldo social" y que la ley "no los alcance por las responsabilidades" derivadas de los hechos de violencia y daños causados en el paro cívico, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.

"Escuchábamos al gobernador decir que el presidente (Luis Arce) ha amenazado a Santa Cruz, eso es falso, estas falsedades y estas mentiras que generalmente utiliza sin ruborizarse el gobernador de Santa Cruz, solamente buscan tratar de generarse un espacio de impunidad con respaldo social", denunció.

Arce informó durante un mensaje a Bolivia de la promulgación de la ley de aplicación de los resultados del censo 2024, pero también consideró que "los procesos iniciados a nivel nacional e internacional deben sentar un precedente para que la violencia y el crimen no se normalicen en nuestro país y que nunca más una persona sea agredida y asesinada por pensar o ser distinto".

Para Camacho, uno de los impulsores del paro, el discurso presidencial "anuncia una nueva oleada represiva".

Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo, agresiones violentas a los que resistían la extrema medida de presión, saqueos a negocios, quema de la sede campesina, saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD), entre otros hechos contra los derechos humanos. En lo económico las pérdidas superan los $us 1.200 millones en 36 días de protesta, según el Gobierno.

"¿Quién asume la responsabilidad de todo aquello?, ¿Puede pasar como un hecho anecdótico solamente?, alguien tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades cuando estas generan daño y vulneran las normas, eso no es persecución política", aseguró Richter en una entrevista con Bolivisión.

Camacho, junto al cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, lideraron el paro que exigía censo en 2023, pero a 36 días del paro aceptaron la decisión del Gobierno de censo en marzo de 2024, sobre la base de un estudio técnico.