En el aniversario de creación del Grupo Aéreo Presidencial, el presidente Luis Arce aseguró que la propuesta alentada en Santa Cruz de revisar la relación con el Estado responde a líderes que están "respirando por sus heridas del racismo y el complejo de creerse superiores" por su color de piel o apellidos extranjeros.

"La trinchera patriótica (sentimiento mayoritario que representa el Grupo Aéreo Presidencial) jamás podrá ser tomada por quienes no han vacilado en decir que 'quieren revisar la relación con el Estado boliviano', respirando por sus heridas del racismo y el complejo de creerse superiores a nuestros 36 pueblos originarios por el color de su piel o por sus apellidos extranjeros", afirmó.

En el cabildo del 13 de noviembre en Santa Cruz, cuando dieron por aceptado el decreto para el censo de 2024 y ya dejaban de lado su exigencia de censo en 2023, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo hicieron aprobar a los concentrados la propuesta de "revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano".

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el alto mando de las Fuerzas Armadas participaron del acto de aniversario del Grupo Aérea Presidencial. Esta unidad, que depende de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se encarga de trasladar al Presidente del Estado para que cumpla con sus funciones de gestión dentro y fuera de Bolivia.

Durante el paro cívico en Santa Cruz, que se extendió por 36 días, los movilizados enarbolaban banderas tricolor y la crucreña. Camacho, quien en 2019 -como dirigente cívico- encabezó las protestas violentas que acabaron en un golpe de Estado, estuvo al frente del paro y bloqueo. En diferentes momentos, aseguró que la wiphala, símbolo patrio, no los representa.

"Ser patriota es más que portar la tricolor en protestas y manifestaciones, ser patriota es colocar los intereses del país por encima de los del gremio, el barrio o la región, lo contrario es confundir al país con la hacienda, y eso es imperdonable", cuestionó Arce.

Camacho fue cuestionado en diferentes momentos por el Gobierno y sectores sociales por atribuirse las decisiones de la población de Santa Cruz, como el paro que se extendió por 36 días dejando pérdidas económicas y violencia contra quienes resistieron la extrema medida de presión