El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será citado nuevamente por el Ministerio Público para que declare en calidad de sindicado en este caso, luego de cuatro meses de la suspensión de la toma de sus declaraciones.


El Gobernador de Santa Cruz es investigado dentro del denominado 'Caso Golpe de Estado I'.
El paro cívico de 36 días impuesto en la capital cruceña impidió que se cumpla con el rol de declaraciones en el caso "Golpe de Estado I", ahora la comisión de fiscales trabajará en la reprogramación de las citaciones, informó este miércoles el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será citado nuevamente por el Ministerio Público para que declare en calidad de sindicado en este caso, luego de cuatro meses de la suspensión de la toma de sus declaraciones.

En octubre se anunció la reactivación de este caso y se preparaba la citación para el excívico y principal investigado, pero, según la Fiscalía, el cronograma no se pudo cumplir por la medida de presión impulsada por Camacho, el cívico Rómulo Calvo y otros.

"El Ministerio Público está desarrollando un rol de declaraciones (…) y estamos a la espera de la reprogramación de las declaraciones que tienen que llevar los fiscales asignados (…) para la reprogramación del señor Camacho", indicó Lanchipa en conferencia de prensa.

Camacho es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre del 2019 que derivaron en una supuesta ruptura constitucional.

Lanchipa aseveró que este caso está en proceso de reprogramación y recalcó que las investigaciones continúan, por lo que se convocará a declarar al gobernador cruceño.

Este caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020.

En el proceso penal figuran la expresidenta Jeanine Áñez y quienes presuntamente allanaron el camino para su autproclamación, entre ellos está Camacho y su padre, José Luis Camacho.

Jeanine Añez, cabe recordar, cumple una sentencia de 10 años de cárcel por el caso 'Golpe de Estado II', que también está referida a los hechos ocurridos en noviembre del 2019.

En el caso Golpe I, el juez amplió por tres meses la detención preventiva de Áñez porque se argumentó que persisten los riesgos de fuga y obstaculización de la investigación.