Al declarar un cuarto intermedio en el paro indefinido por el censo, la dirigencia "radical" de Santa Cruz solo se dio tiempo para "rehacer sus fuerzas" y volver a la ofensiva con el tema de "la relación con el Estado", advirtió el portavoz presidencial Jorge Richter.

"No tenga duda de que esto es lo que va a ocurrir (…), es una mecánica, es una lógica y es una metodología de esta dirigencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, de la universidad, de la gobernación y del comité cívico", afirmó en la red Erbol.

El gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, llevaron un paro de 36 días en Santa Cruz, que estuvo caracterizado por la violencia, el racismo y la discriminación.

Los tres actuaron dentro del llamado Comité Interinstitucional, aunque al final acabaron divididos y con un cruce de acusaciones. El sábado se levantó el paro, luego que Diputados aprobara la ley que ratificó para el 23 de marzo de 2024 la fecha del censo, fijada en el decreto 4824, y para septiembre del mismo año la redistribución de recursos económicos y la entrega de datos censales para la reasignación de escalos legislativos.

Aunque esta había sido una propuesta hecha en el primer día de paro, el 22 de octubre, la dirigencia en Santa Cruz optó por la protesta. Calvo fue el encargado de anunciar el cuarto intermedio en el paro y perfilar que ahora se volcaban los esfuerzos a concretar lo definido en un cabildo: la nueva relación de Santa Cruz con el Estado.

"Ahora, el término con el cual ellos se van a querer presentar de manera nuevamente honorable y en la defensa de los derechos, de las expectativas y de los ideales del cruceñismo más urbano de Santa Cruz, pues se llamará 'La relación con el Estado nacional'", advirtió e insistió en que "lo que buscan es preservar sus privilegios, tomar el poder político si les es posible y en esa preservación de privilegios y de toma del poder político, pues no tiene reparo en causarle un daño enorme al país".

Cuatro muertos, cerca de 200 heridos, quema de la sede de campesinos, saqueo de oficinas de la Central Obrera Departamental (COD), ataques al pueblo ayoreo, violencia y cobros en puntos de bloqueo, y saqueo de negocios que resistían el paro marcaron, junto a otros violaciones de derechos humanos, la extrema medida de presión de los sectores de poder cruceño. En lo económico, el daño superó los $us 1.200 millones.

Richter aseguró que el paro, en su última etapa, "se había desnaturalizado, había sido conducido más en los últimos días a movimientos delincuenciales, a hechos que van por fuera de toda legalidad, de toda norma y de toda convivencia pacífica en la ciudadanía".