La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este domingo que el paro indefinido, que duró 36 días, se pudo evitar si la dirigencia cruceña aceptaba la propuesta que el Gobierno nacional hizo el 21 de octubre y no optaba por cargar todo el costo de la movilización al pueblo porque con esa medida ellos "no perdieron ni un peso" e incluso algunos la usaron para "reposicionarse políticamente".

Ese 21 de octubre, recordó la ministra, el Gobierno nacional propuso al gobernador Luis Fernando Camacho, al rector Vicente Cuellar y al cívico Rómulo Calvo agilizar la entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda para realizar la distribución de los ingresos por coparticipación tributaria a partir del mes de octubre de 2024.

Además, se planteó la conformación de una comisión técnica que tenga la tarea de establecer la fecha de la encuesta nacional.

Sin embargo, ambas propuestas fueron desestimadas el 22 de octubre, cuando el gobernador cruceño decidió retirarse de la mesa de diálogo y descartar cualquier posibilidad de una solución dialogada al conflicto que precisamente surgió por la inasistencia de Camacho a la sesión del Consejo Nacional de Autonomías, que determinó el 12 de julio reprogramar el Censo para el año 2024.

Fue por ello y la sugerencia de las organizaciones sociales de Santa Cruz que el Gobierno convocó al Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, instancia que propuso conformar una Comisión Técnica que, luego de su labor, recomendó realizar el empadronamiento nacional entre los meses de marzo y abril de 2024.

Basado en esa sugerencia, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 4824 que fija la realización de la encuesta nacional para el 23 de marzo de 2024 y establece para el mes de septiembre del mismo año la distribución de los recursos económicos de coparticipación.

Manteniendo esas propuestas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral y la remitió al Senado para su revisión.

Basada en esos hechos, la ministra aseguró que la propuesta que hizo el Gobierno fue recogida en el Decreto Supremo 4824 y ahora en el proyecto de ley aprobado el sábado en la Cámara de Diputados.

Por tanto, afirmó que todos los actos de vulneración sistemática a los derechos humanos, los fallecidos y las pérdidas económicas que superan los $us 1.000 millones se hubiera evitado si la dirigencia del Comité Interinstitucional aceptaba la propuesta del Gobierno ese 21 de octubre.

"La propuesta estuvo ahí antes de que se inicie el paro. Todo esto se pudo evitar si es que realmente hubiese habido dirigentes, líderes o autoridades cruceñas que hubiesen pensando en su pueblo antes que en intereses políticos", enfatizó la ministra en declaraciones al canal estatal.

En cambio, Camacho, Calvo y Cuellar optaron por mantener el paro indefinido apelando a grupos irregulares como la Unión Juvenil Cruceñista que obligaba a cumplir la medida, generando enfrentamientos con la población que se oponía.

Resultado de esas acciones, al menos cuatro personas fallecieron. Además de que se registraron actos de violación a los derechos humanos en los puntos de bloqueo, agresiones a los habitantes del pueblo indígena Ayoreo, la quema de la sede de los campesinos y el saqueo a las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD).

Y el costo más alto de la medida, que fue levantada el sábado, la asumió los sectores populares, de los centros de abasto y los micro y pequeño productores que no pudieron cumplir con sus actividades de manera regular.

"El sacrificio y el dolor se lo ha cargado a espaldas del pueblo cruceño trabajador que vive de lo que gana al día.¿Qué sacrifico han hecho durante todos estos días de paro quienes empujaron a este denominado paro? ¿Qué sacrifico? No han perdido un peso, muchos de ellos van a recibir su salario sin ningún tipo de disminución y además lo dicen de manera abierta, sin ningún tipo de vergüenza", cuestionó la ministra.

Y tal como lo afirmó Prada, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas Banegas, dijo el 17 de octubre que pese al paro y a la suspensión de las actividades académicas seguirá cobrando su salario de Bs 22.800.

Según su declaración jurada del 27 de septiembre de 2021, Vargas es dueño de cinco bienes, el total de los 'bienes' (activos) llega a Bs 260.000, sus deudas a Bs 420.000 y el total de rentas a Bs 266.500.

La asambleísta departamental de Creemos, Jessica Paola Aguirre Melgar, quien también admitió que seguirá cobrando su salario, tiene registrados cinco bienes, el total de 'bienes' (activos) suma Bs 757.373 y sus rentas recibidas Bs 257.361.

Uno de los principales impulsores del paro que concluyó fue el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es dueño de 19 bienes.

Pero además de no ser afectados económicamente por el paro, de acuerdo con la ministra, algunos dirigentes del Comité usaron la medida para revalidarse políticamente porque estaban en una especie de campaña visitando las rotondas, en clara alusión al gobernador cruceño.

"Ellos no han padecido hambre, ellos han podido circular libremente en estos días de paro porque estaban muchos en campaña política, de rotonda en rotonda, porque lo han visto así, como un reposicionamiento político, como un reposicionamiento de liderazgo sobre el dolor del pueblo", denunció.

Prada reprochó esas actitudes y las consideró una "irresponsabilidad absoluta".