El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que se aplicará en Bolivia a partir de este 2020, es el más bajo de Sudamérica. La medida busca equilibrar una desigual distribución de la riqueza y utilizar recursos "ociosos" en proyectos de desarrollo social. Por ejemplo, Colombia aplica este impuesto con una tasa única del 1% para los patrimonios netos superiores a $us 1,5 millones; mientras que en Argentina se aprobó en los pasados días la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario que grava de forma variable los capitales de personas naturales y jurídicas con 2% y el 3,5% cuando la fortuna declarada ante el fisco supere los $us 2,5 millones. No obstante, en el caso de Bolivia, el IGF —que sigue en tratamiento en la Asamblea— alcanza a fortunas por encima de $us 4,3 millones (Bs 30 millones) de forma progresiva y con descuentos, es decir, aquella persona natural que tenga mayor patrimonio pagará más. Para ello, la norma define que, cuando la base imponible sea de Bs 30.000.001 a 40.000.000, la alícuota será de 1,4% con un descuento de Bs 150.000. Cuando la base imponible sea de Bs 40.000.001 a Bs 50.000.000, la alícuota será de 1,9% con un descuento de Bs 350.000. Y por último, cuando la base imponible sea de Bs 50.000.001 en adelante, la alícuota será de 2,4% con un descuento de Bs 600.000. Al respecto y tras efectuar una evaluación de las tasas y los límites impuestos a este tributo en otras naciones de Sudamérica, la economista Verónica Paz Arauco consideró que el gobierno del presidente Luis Arce debe ampliar el "umbral" aplicado en el país para incrementar recaudaciones. "Es necesario bajar el umbral de riqueza que se ha determinado, que en el caso boliviano es de $us 4,5 millones, cuando en otros países más ricos que Bolivia, ese umbral es mucho más bajo y eso quiere decir que si nosotros bajamos el umbral podríamos recaudar aún más", dijo a La Razón. Impacto Un tema que también consideró importante la economista, es la información de los contribuyentes para una efectiva recaudación, que en el país se calculó solo alcanzará al 0,001% de la población, es decir, 150 personas. "Debe ser importante generar los sistemas de información necesarios para la valoración y medición de estas grandes fortunas de manera que sea mucho más efectiva la recaudación", sostuvo. Argumentó que los datos obtenidos a través del citado sistema serán utilizados para "intercambiar" información con los diferentes estados del mundo a fin de hacer un mejor seguimiento y control del cumplimiento del IGF. El comentario de Paz surgió a raíz del anuncio del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien precisó que el Impuesto a las Grandes Fortunas será pagado donde se ubique el contribuyente y advirtió: "Si alguien quiere evadir o no pagarlo acá, donde se vaya también lo va a tener que pagar". Con la aplicación del IGF, el gobierno de Arce espera recaudar Bs 105 millones que serán destinada íntegramente al Tesoro General de la Nación (TGN) para impulsar la reactivación de la economía tras la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. Para Verónica Paz Arauco, el impacto del tributo en el país se verá en dos niveles, el primero en la forma de recaudación progresiva que establece una alícuota diferenciada entre quienes tienen cada vez mayor nivel de fortuna. Y tiene un impacto mayor cuando se establece un uso a los impuestos a las grandes fortunas para que financien programas sociales como por ejemplo contar con recursos para financiar la crisis sanitaria que representó el COVID-19", apuntó la economista. Citó como ejemplo que en Argentina se aprobó una modificación al impuesto al patrimonio para financiar políticas en salud. Al margen de Colombia, Uruguay y Argentina, en otras naciones de la región como Brasil se presentó una propuesta de impuestos a los patrimonios a partir de los $us 10 millones, con una alícuota inicial de 2,5% que se puede reducir al 1,5% si el contribuyente se presenta voluntariamente para el pago de este tributo. De igual manera, en Ecuador, un sector de la oposición al gobierno del presidente Lenín Moreno planteó este año un gravamen a los patrimonios a partir de $us 1.000.000, con una alícuota única de aproximadamente 0,9%. En esa línea también en Chile, políticos y parlamentarios de oposición introdujeron en el debate público de esa nación la necesidad de cobrar un impuesto especial denominado "a los súper ricos", que consiste en un aporte excepcional del 2,5% para los matrimonios iguales o superiores a los $us 22.000.000. La citada propuesta por ahora no logró el apoyo total del bloque opositor al gobernante Sebastián Piñera.