La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó los actos de racismo y discriminación, y llamó a investigar los hechos violentos en Santa Cruz.

La organización internacional, a través de un comunicado público difundido este martes, hizo un llamado a la responsabilidad de todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el marco del paro cívico en Santa Cruz.

"Reiteramos la centralidad del derecho a la reunión y la protesta pacífica como medio para ejercer otros derechos, como el de participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión. Sin embargo, el ejercicio de este derecho no puede limitar los derechos de otras personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", refiere parte del comunicado.

Apunta que las víctimas de violencia de género, por ejemplo, deben poder recibir atención por las instituciones competentes y organizaciones de la sociedad civil sin restricciones.

"La denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente", añade.

De acuerdo con la entidad, la violencia, de cualquier naturaleza y de cualquier actor, no tiene cabida en el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y protesta.

Señala que la pérdida de vidas, los daños a la integridad física de cientos de personas y a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales, son inaceptables y no pueden repetirse.

"La denuncia de una violación sexual colectiva de una mujer por un grupo de manifestantes debe ser investigada de manera efectiva y con prontitud", apunta la misiva.

Acota que el marco internacional de los derechos humanos exige la acción de todos los organismos del Estado, en su rol de garante de los derechos y libertades, para respetar y proteger los derechos humanos, e investigar toda alegación de violación de derechos.

Este rol es de particular importancia para evitar actos de racismo y discriminación, como los documentados en el municipio de Concepción contra mujeres ayoreas.

"Las actitudes y comportamientos de esta naturaleza no pueden tener ninguna cabida en una sociedad democrática y exigen seguir trabajando en el respeto y la inclusión", añade el comunicado.

Por otro lado, resalta la importancia de proteger la labor de las y los trabajadores de medios de comunicación, garantizar el respeto al debido proceso en el marco de detenciones, y asegurar en todo momento el respeto de los estándares internacionales por parte de las fuerzas policiales.

"La Defensoría del Pueblo tiene una responsabilidad clave en la promoción y protección de los derechos humanos en el país", señala la OACNUDH.