Con esa imagen fabricada por sus asesores: una cachucha negra y con una polera blanca de mangas cortas, Luis Fernando Camacho, cuenta "su hazaña": "La historia fue tan hermosa que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan".

Ese "pacto" con los militares y policías, como lo confesó el propio Camacho en diciembre de 2019, le dio la "seguridad" para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Eso sucedió el 2 de noviembre de 2019. Empleando símbolos religiosos y también la biblia, Camacho, por entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, secundado por su vicepresidente Rómulo Calvo, dio a Morales un plazo de 48 horas para que renuncie.

Alegando un supuesto fraude electoral, que nunca certificó la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 4 de noviembre de ese año, Camacho leyó ante un cabildo la carta de renuncia de Morales y prometió trasladarse a La Paz para hacerla firmar.

Para entonces, el padre de Fernando Camacho, José Luis Camacho Parada, quien fue paramilitar en la década de los '70, y tuvo un rol activo en la masacre de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) en el golpe de Estado de 1971 (Valverde: 2002, p.121) que instaló la dictadura de Hugo Banzer, ya había establecido los contactos con los miembros de las Fuerzas Armadas y también con la Policía.

El nexo de las conversiones fue Luis Fernando López, quien días después sería premiado con el cargo de Ministro de Defensa.

"La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de Ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas", declaró Camacho rodeado de un grupo de personas aparentemente en el aeropuerto de Santa Cruz.

De acuerdo con Camacho, eso fue decisivo porque así se pudo llevar la protesta de Santa Cruz a La Paz pues, si no Morales, habría "estado mirando todo desde el palco".

Y así sucedió. El "pacto" con los policías, a quienes incluso Camacho les prometió una jubilación con el 100% de su sueldo, como sucede con los militares, se materializó el 8 de noviembre de 2019.

Los policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, que incluían la renuncia del presidente Morales.

El mismo día, la policía de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron al motín, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.

Esto generó que la Plaza Murillo, que alberga las sedes de instituciones públicas, como la Casa Grande del Pueblo, la Vicepresidencia del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional, quedaran desprotegidas.

De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el "motín aceleró la escalada de violencia en casi todo el país".

El Gobierno convocó a un diálogo urgente con la Policía Boliviana para terminar el motín y pacificar al país, descartando cualquier intervención de las fuerzas militares y ofreciendo el cumplimiento a tres de sus exigencias.

En medio de ese contexto, a las 04.05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019, de forma unilateral e inconsulta con la OEA, el secretario general del organismo, Luis Almagro, publicó su Informe de Hallazgos Preliminares a las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el cual señaló no poder certificar la integridad de los comicios y concluyó que "las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa".

A raíz de la polémica desatada por el informe, durante la mañana el presidente Morales anunció que se repetirían las elecciones y se renovarían los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, los políticos opositores rehusaron la propuesta del jefe de Estado e hicieron pronunciamientos para que renunciara.

Ese 10 de noviembre, según testimonios recopilados por la GIEI, las Fuerzas Armadas movilizaron un caza militar para sobrevolar bloqueos en Challapata, sin solicitar la autorización del presidente o del Ministro de Defensa.

Además, privaron a Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera del uso del avión presidencial, decisión que se revirtió luego de algunas negociaciones; pero al llegar al Chapare se los trasladó al área militar de ese aeropuerto en lugar del área civil.

Mientras el presidente y el vicepresidente viajaban de La Paz al Chapare, el comandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, emitieron sendas declaraciones, llamando a la renuncia del mandatario Morales.

"Queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la UTOP, que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación", señalaba un comunicado difundido por el comandante de la Policía Boliviana.

Tras ello, el comandante, jefe de las Fuerzas Armadas, hizo una declaración semejante en conferencia de prensa.

"Tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado, en conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", dijo Kaliman.

El mismo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a su cargo como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

"Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico, con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano", dijo Morales.

El plan golpista tenía con claridad su objetivo y no permitió que ningún legislador del MAS-IPSP llegara a asumir la presidencia y para cumplir ese objetivo no midieron las consecuencias.

Luego de la dimisión de Morales y García Linera, también dimitieron la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambas autoridades en la cadena de sucesión, según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado.

Para que Borda renuncie, los opositores incendiaron su casa, y el 10 de noviembre de 2019 tomaron de rehén a su hermano a quien lo trasladaron descalzo hasta la plaza principal de la ciudad de Potosí.

"Lamento mucho que en este momento ha sido tomado de rehén mi hermano, ha sido trasladado descalzo a la plaza, les pido respetar su vida. El problema en mi ideología es conmigo y no con mi familia. Ayer, un grupo de personas en la ciudad de Potosí prendió fuego a mi casa, en protesta por los ataques que sufrieron los mineros en la localidad de Challapata en la carretera a la ciudad de La Paz", dijo Borda a una emisora local.

Para el portavoz Presidencial, Jorge Richter, lo que sucedió en 2019 fue la aplicación de una metodología de asumir una "indignación colectiva", en ese caso sobre las elecciones generales, para "imponer un nuevo orden político".

Y es esa misma metodología la que hoy Camacho y el cívico Rómulo Calvo, protagonistas de la ruptura del orden constitucional de 2019, tratan de reeditar tomando como bandera la realización del Censo de Población y Vivienda el año 2023, sin considerar los criterios técnicos que exige ese proceso.

"El paro cívico es la herramienta de movilización con la cual se puede afectar a un Gobierno, funcionó el año 2019, el día de hoy, con estos 20 días, no ha funcionado porque se han dado otros condicionamientos y otras respuestas", sostuvo Richter.

Consumado el golpe de Estado en 2019, la red Unitel, empresa bajo control del Grupo Monasterio, una de las representaciones más evidentes del poder oligárquico en Bolivia, de acuerdo con el investigador Edgar Ramos Andrade, empezó a divulgar, sin sustento normativo que, a la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, le correspondía asumir la presidencia pese a que la propia Constitución no incluía su cargo como parte de la sucesión constitucional.

No obstante a ello, y como lo admitió el monseñor Ricardo Centellas, de "ipso facto y ahorrando formalismos", la segunda Vicepresidenta del Senado se declaró primero Presidenta del Senado, y posteriormente Presidenta del país, el 12 de noviembre de 2019, y para poner orden dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas de Sacaba y Senkata, dejando más de una treintena de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y perseguidos políticos.