Ya son 19 días de la escalada de violencia que vulneran a diario los derechos humanos de miles de familias en el departamento de Santa Cruz, quienes sufren las consecuencias de las medidas de presión extremas debido al conflicto del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Con gran preocupación, la Defensoría del Pueblo observa cómo los actores se alejan de la concertación y son inflexibles en sus planteamientos. Hoy, producto de la tozudez y el radicalismo de las partes involucradas que mantienen las protestas, se debe lamentar el deceso de otra víctima con cuya familia nos solidarizamos ante el dolor que enfrenta.
En estas semanas se han afectado derechos como el acceso a la salud, la alimentación, el libre tránsito, entre otros; vulnerando lo que establece la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de cuya vigencia y protección es garante el Estado.
¿Cómo hemos llegado hasta este extremo, si tenemos el diálogo como puente para llegar a la concertación? No podemos tolerar la violencia venga de donde venga. Debe primar el respeto a la vida, al ser humano.
Es necesario efectuar los diálogos abiertos y conciliadores de paz social.
La Defensoría del Pueblo exige a los actores del conflicto, a las autoridades, a los líderes y a todos los movilizados a ser sensatos en sus declaraciones y acciones; asimismo, a estar conscientes que deben asumir las consecuencias de sus actos y su impacto económico social en un país que vamos a heredar a las futuras generaciones.