El pasado martes hubo violencia en el municipio de La Guardia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por los hechos de violencia registrados en Santa Cruz y llamó al Estado a garantiza el derecho a la manifestación pacífica según estándares interamericanos y a fortalecer procesos de diálogo para atender causas de las manifestaciones.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional saludó y compartió las recomendaciones y observaciones del organismo internacional, además hizo saber del compromiso del Gobierno para evitar más violencia y encaminar el proceso de diálogo para definir la fecha del censo de forma técnica y concertada.

"Desde esta cartera de Estado se hace notar el compromiso de la gestión de Gobierno para evitar más violencia y encaminar el proceso de diálogo lo antes posible a fin de establecer una fecha concertada y técnicamente planificada que dé viabilidad a la realización del proceso censal (sic)", señala parte del documento publicado por el Ministerio de Justicia.

Según el comunicado, el organismo reconoció la iniciativa para establecer un proceso de diálogo e instó a todas las partes a propiciar el mismo.

"Se reconoce el avance de una iniciativa de diálogo para tratar la oportunidad del censo; al respecto, el Estado informó que ha planteado que sea una comisión técnica quien defina la fecha de realización del censo. La Comisión continuará su labor de monitoreo de tales iniciativas", indicó la CIDH.

El Gobierno convocó a un diálogo para tratar en Trinidad, desde este viernes, todo lo concerniente para definir la fecha del censo. Están convocadas autoridades universitarias, municipales, gobernadores y organismos internacionales.

"La CIDH y su RELE rechazan todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Se hace un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso legal", manifestó el Ministerio y agregó que la CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia, como ha sucedido en el pasado.

En relación al tema, recordó que "en anteriores escenarios de protesta en Bolivia, la CIDH ha advertido ante riesgos de discriminación por origen étnico-racial y por motivos de género. Por ello, se reitera la importancia de generar un ambiente que canalice un proceso de diálogo amplio, constructivo y que garantice los derechos de las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad".

En Concepción y en el marco del paro convocado por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, se registraron hechos de violencia y discriminación contra ayoreos que bloqueaban el contra del paro cívico por el censo. El Gobierno inició acciones judiciales por racismo y discriminación contra el subgobernador Daniel Velásquez y cívicos de esa región.

Además, el organismo internacional refiere que "la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos", en relación a los trabajadores de la prensa de diversos medios de comunicación que sufrieron agresiones durante el ejercicio de su labor y solicita que se garantice la seguridad de los mismos.