Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará al país entre el 21 y 24 de este mes para instalar una mesa técnica de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) respecto a los hechos de 2019.

"Dando cumplimiento al acuerdo de seguimiento a dichas conclusiones suscrito en marzo del presente año, se confirmó la visita de una delegación de la Comisión y la mesa técnica de seguimiento del 21 al 24 de noviembre próximo", informó este martes la Procuraduría del Estado a través de un comunicado.

Esta jornada, la CIDH recibió en su sede en Washington, Estados Unidos, a una comisión del Estado Plurinacional integrada por el procurador Wilfredo Chávez; el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce; y las abogadas Cecilia Urquieta y Violeta Barrios.

"La reunión que se extendió por aproximadamente dos horas tocó varios temas inherentes a la situación de los derechos humanos en Bolivia, siendo el tema más importante la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Bolivia que presentó su informe de conclusiones en agosto del año pasado al Presidente Luis Arce en La Paz", detalló la Procuraduría.

El informe final del GIEI-Bolivia sobre la vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado, la sociedad civil boliviana y la CIDH.

Entre las recomendaciones figuran: Adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019; investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en el informe y otros similares.

Además de crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados, realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación, diseñar e implementar políticas públicas de largo alcance que sean evaluadas y monitoreadas con el objetivo de construir consensos sobre el abordaje de la problemática del racismo, entre otras.