El gobierno boliviano consideró este lunes que Santa Cruz no puede permitir "tanto desprecio" contra el pueblo indígena Ayoreo, cuyos derechos fueron vulnerados cuando se les intentó obligar a acatar el paro impuesto por lo cívicos desde hace ya diez días.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, advirtió que se trata de un pueblo de alta vulnerabilidad que sufrió ofensas y actos de violencia que "vienen desde antes", en alusión a lo ocurrido en Concepción.

En ese municipio cruceño, agrícola y ganadero, la escaza población de ayoreos que habita la zona intentó instalar un punto de bloqueo en rechazo al paro cívico declarado por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

En represalia, ricos hacendados con el aval de autoridades locales destruyeron las viviendas del pueblo indígena.

El subgobernador de la provincia Ñuflo Chávez, Daniel Velásquez, y los cívicos de Concepción David Moreno y Jhonny Gómez fueron denunciados formalmente por los delitos de racismo y discriminación contra pobladores ayoreos. El Ministerio de Justicia activó la denuncia penal.

En Pailón, por otra parte, decenas de indígenas se encuentran durmiendo en las calles del municipio porque un grupo violento, en julio pasado, incendió sus casas, los golpeó y asesinó a sus animales.

Decenas de familias del pueblo ayoreo fueron expulsadas de su comunidad, Yoquiday-27 de Mayo, por grupos violentos que buscan el control de sus tierras.

Informe Defensorial

La Defensoría del Pueblo publicó en 2020 un amplio informe sobre ese pueblo —titulado "Situación del Pueblo Indígena Ayoreo en las Comunidades Degüi y Garay de Santa Cruz de la Sierra"— en el que asegura que "sus condiciones de vida son dramáticas".

"El pueblo indígena Ayoreo se caracteriza porque en algunos de sus segmentos habitan áreas rurales, pequeños asentamientos urbanos en barrios marginales de grandes ciudades o en puestos fronterizos, donde sus condiciones de vida son dramáticas".

Por su situación de alta vulnerabilidad es sujeto de prevención, protección y fortalecimiento estatal en el marco de lo que establece la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad y el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado.

La Defensoría, de acuerdo con el informe, identificó las precarias condiciones de vida, hacinamiento, poca valoración de su trabajo, discriminación y marginación social que sufren los ayoreos.

Advierte, además, las situación de mendicidad y trabajo sexual a la que se someten ante la necesidad de sobrevivencia.

Sin territorio

El documento señala que entre los factores que provocaron al pueblo Ayoreo a una masiva migración a ciudades intermedias están la pérdida del control del territorio, la explotación petrolera, el avance de las haciendas ganaderas y los cambios sufridos en la disponibilidad de territorio.

Su forma de vida itinerante posibilitó el despojo de sus territorios para entregarlos a hacendados.

Censo 2012

En el departamento de Santa Cruz, según datos del Censo 2012, existen 529.659 personas que pertenecen a una nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano: "quechua con 180.458, chiquitano 142.822, guaraní 71.101, aimara 38.071, guarayo 22.888, campesino 25.754, indígena 9.387, afroboliviano 7.845, mojeño 6.663, itonama 5.113, qolla 3.708, monkox 2.833, ayoreo 1.944, originario 1.906 y movima 1.809".

El informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que el pueblo indígena Ayoreo se concentra principalmente en los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Pailón, Concepción, Cuatro Cañadas, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Roboré y San José de Chiquitos.

Primeros contactos

Los primeros contactos del pueblo indígena Zamuco, ahora conocido como Ayoreo, con los colonizadores, se remontan a 1537 cuando ingresa a la región del Chaco Juan Ayolas, y posteriormente, los contactos no pacíficos con las incursiones de Ñuflo de Chávez en 1546, Irala en 1547 y nuevamente con Ñuflo Chávez en 1559.

En la República, en tierras altas, casi la totalidad de los indígena originarios estaban en una situación de servidumbre en comunidades, dentro las haciendas donde habían vivido toda su vida y se encargaban de producir los alimentos y materias primas que satisfacían algunas necesidades de las ciudades, al tiempo que obtenían, mediante sus patrones, productos y servicios de los cuales carecían.

En tierras bajas se suscitaron nuevos episodios de colonización caracterizados por las migraciones, el despoblamiento, los enganches forzosos o inclusive, la aniquilación de los indígenas con acciones justificadas bajo la premisa de someter a los indígenas por las buenas o por las malas.

Un ejemplo de ello fue José Manuel Pando, quien en 1897 señaló: "Para librar de todo peligro la región comprendida entre el Acre y el Bajo Beni, que encontramos susceptible de un desarrollo industrial de primer orden, no hay otro medio que el de limpiarlo de salvajes, alejando a éstos sobre la margen izquierda del primero de dichos ríos […]. Allí las causas constantes que actúan en la naturaleza como auxiliares de la civilización, los reducirán a la impotencia para el mal, si no los mueven a someterse al trabajo, para participar de los beneficios de la industria".

Durante la Guerra del Chaco, los ayoreos al igual que otros pueblos, se encontraban en el centro de la contienda, teniendo que abandonar sus territorios porque los ejércitos de ambos bandos ocupaban los sitios de agua y sal que eran sus fuentes de uso tradicional; los ayoreos huían al monte y entraban en tierras de los chiquitanos, estableciendo a veces alguna convivencia.

A comienzos de los años cuarenta, algunos sacerdotes católicos retomaron los contactos con el pueblo Ayoreo, fue una época en la que se desató una guerra entre ayoreos del norte y del sur.

Tras la Revolución Nacional de 1952, continuaron las políticas de aniquilamiento, ahora por vía de la asimilación, con el postulado de integrar a la mayoritaria población de indios al emergente proyecto nacional, a través de un cambio identitario, "de indio a campesino" y la distribución de tierras, a través de una Reforma Agraria.

Idioma

El lenguaje zamuco del pueblo indígena Ayoreo es uno de los idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política. En la verificación defensorial se observó que conservan su idioma para mantener su identidad cultural.

Asimismo, de los testimonios recogidos se concluye que el 100% de los ayoreos hablan su idioma originario, constituyéndose en su primera lengua y el castellano su segunda.