El subgobernador de la provincia Ñuflo Chávez, Daniel Velásquez, y los cívicos de Concepción David Moreno y Jhonny Gómez fueron denunciados formalmente por los delitos de racismo y discriminación en contra de pobladores ayoreos. El Ministerio de Justicia activó la denuncia penal.

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio de Justicia, formalizó la denuncia, luego de conocerse las agresiones y destrucción de viviendas de los indígenas en represalia al bloqueo que instalaron en rechazo al paro cívico declarado por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo,

Por "acciones y aseveraciones con las cuales su autoridad podrá constatar acciones racistas y discriminatorias por el solo hecho de pertenecer a una nación originaria como lo es la Ayorea y que el hecho de no comulgar con sus acciones separatistas y discriminatorias nosotros no tenemos la calidad de persona sino de una lacra social (Sic)", establece parte de la fundamentación de la denuncia presentada por las víctimas ante el fiscal de materia de Concepción.

Velásquez, Moreno y Gómez fueron denunciadas como autores e instigadores de los delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo o a la discriminación previstos en la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Además de actos de violencia.

Velásquez y un grupo de personas arremetieran violentamente el viernes contra los pobladores indígenas que bloqueaban la carretera de Concepción en rechazo al paro cívico impulsado por el Camacho.

"Tras las agresiones físicas que recibieron con chicotes y cables, los pobladores ayoreos fueron amenazados con ser expulsados del territorio que ocupan y fueron acusados de ser delincuentes y drogodependientes", establece la denuncia en alusión a la decisión de cabildo desarrollado en el área urbana a convocatoria de los cívicos.

Además, fueron despojados de celulares, entre otras vulneraciones a sus derechos.

Entre las personas agredidas se encontraban mujeres embarazadas y adultos mayores. El Ministerio de Justicia brinda el patrocinio legal y apoyo psicológico a las víctimas.