Enfrentamientos en el Plan 3.000 y agresiones a mujeres Bartolina Sisa en su sede, marcaron los hechos de violencia de este viernes en Santa Cruz, luego que el gobernador Fernando Camacho y los cívicos decidieran mantener el paro a pesar de la propuesta de que sea una comisión técnica la que defina la fecha del censo.

Grupos de cívicos y de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en su intento por tomar el obelisco del Plan 3.000 agredieron y terminaron enfrentándose a quienes hacían una vigilia en el lugar cuidando sus puestos de venta y reivindicando su derecho a trabajar. La Policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos violentos.

Camacho convocó a un cabildo en la zona, lo que fue visto como una provocación por quienes se resisten al paro convocado por los cívicos. "Aquí, en el Plan, estamos haciendo respetar nuestro derecho constitucional frente a estos vándalos de la Unión Juvenil Cruceñista, a la cabeza de Camacho", cuestionó un vecino en Bolivia Tv.

Tras la violencia, los grupos opuestos al paro mantienen una vigilia en la zona y advirtieron que no cederán a la violencia.

En otra zona, otro grupo numeroso de personas vinculadas a los cívicos agredió a mujeres Bartolina Sisa en su sede. Llevaron bolsas de basura y las botaron sobre la humanidad de las dirigentas que en ese momento estaban en la puerta de su sede.

"Tomábamos cafecito (en las puerta de la sede), aparecieron entre 50 y 60 personas entre mujeres y hombres, cada una con sus bolsas de basura", denunció una de las afectadas a Bolivia Tv.

Un vehículo que estaba en el lugar también fue atacado. Los vidrios fueron rotos del motorizado, que pertenece a un vecino.

La violencia recrudeció, luego que Camacho y el cívico Rómulo Calvo ratificara el paro. No aceptaron la propuesta del "Encuentro Plurinacional por un Cenco con Consenso" de instalar un diálogo técnico con la perspectiva de adelantar el censo si demuestran su viabilidad. De no aceptar la propuesta, el proceso continuará con vistas a abril de 2024 y la redistribución de recursos a partir de octubre de ese año.

Hasta el momento los hechos de violencia desatados por los grupos vinculados a los cívicos acabaron con la vida de una persona en Puerto Quijarro y dejaron a otra, en la ciudad de Santa Cruz, en cuidados intensivos por la golpiza que le propinaron cuando intentaba cruzar un punto de bloqueo con dirección a su domicilio.