A través de un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que la decisión gubernamental de suspender la exportación de algunos productos mientras dure el paro cruceño traerá "graves consecuencias económicas" y pidieron a las autoridades nacionales encontrar soluciones, "sin discriminación", a la "agenda ciudadana".

"La decisión de suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta. Esta medida tiene graves consecuencias sobre la economía nacional, cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afecta directamente a los productores pequeños, medianos y grandes que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones; reflejando también la falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos", señala el comunicado.

Ayer, miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que el Gobierno Nacional suspendió temporalmente la exportación de grano de soya, torta de soya, harina de soya, azúcar, aceite y carne, desde las cero horas de este jueves 27, para garantizar el abastecimiento interno.

La autoridad informó que la decisión se extenderá mientras continúe el paro cívico en Santa Cruz, que impide el normal abastecimiento de los productos al mercado interno.

En ese sentido, la CEPB alertó que sin ninguna razón, los productores ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones y afirmó que es el Gobierno Nacional el responsable de "dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país".

Conoce los seis puntos de la posición de los Empresarios Privados:

La decisión de suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta. Esta medida tiene graves consecuencias sobre la economía nacional, cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afecta directamente a los productores pequeños, medianos y grandes que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones; reflejando también la falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos.
Las amenazas y las acciones que buscan afectar la provisión de energía y combustibles a la ciudadanía y a las empresas, no solo constituyen un delito grave, sino que afectan directamente a la cadena de producción y ponen en riesgo la provisión de alimentos y bienes a todos los departamentos, generando un peligro mayor sobre la economía y la estabilidad social.
La toma de empresas y la intención de avasallar unidades productivas revelan la existencia de una amenaza sobre la propiedad privada y sobre el derecho constitucional a la libre empresa. El silencio y la inacción de las autoridades llamadas a prevenir y sancionar estas acciones, evidencian también el debilitamiento de la seguridad jurídica en el país.
La narrativa anti empresarial que se manifiesta en alusiones descalificadoras y falaces contra personas y empresas que aportan a la construcción del país, deterioran la confianza que debe ser el pilar fundamental del desarrollo productivo. Es injusto el tratamiento que se le está dando al sector privado, cuando éste es el que genera y sostiene fuentes de empleo, provee bienes y servicios a la sociedad y aporta con impuestos y contribuciones al sostenimiento de Bolivia.
El Gobierno Nacional está en la obligación de dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país.
Frente a este escenario, expresamos lo siguiente:
De manera urgente retornar a la senda de la prudencia, sensatez y diálogo.
Debemos abocarnos de manera inmediata a la atención de la urgente y tan legítima agenda ciudadana, en el marco de un proceso de encuentro sobre tres premisas elementales: confianza mutua, buena fe e intermediación equitativa y equilibrada.
Precisamos reposar los ánimos y dimensionar el inmenso y urgente desafío de un horizonte para todos los bolivianos con elementos mínimos que sean comunes.
Reafirmamos que nuestro compromiso hoy con Bolivia es tan vigoroso como siempre, nuestro apoyo a los espacios de diálogo necesarios para construir mejores realidades está presente y, nuestra defensa inquebrantable a las garantías ciudadanas, así como el Estado de Derecho es nuestra consigna institucional.