En octubre de 2020, una comisión de la Asamblea Legislativa recomendó acciones penales contra los entonces ministros Arturo Murillo, Luis Fernando López, Óscar Ortiz y Yerko Núñez, y el jefe de la Aduana Nacional, por el caso Gases Lacrimógenos.

La Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Compra de Material no Letal —que derivó en otro caso que involucra a Murillo en Estados Unidos— consideró que los entonces colaboradores, y cercanos, de Jeanine Áñez, omitieron responder a los requerimientos de la investigación del caso.

"Los ministerios no proporcionaron la información requerida (…). La copia del documento será remitida a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las acciones legales contra las autoridades y exautoridades que estén involucradas en este tema", informó entonces la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.

El caso ha vuelto a la memoria en razón de la declaratoria de culpable de Murillo en la comisión de delitos de lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, cuya corrupción se alimentó del mismo caso de sobreprecio en la compra de material antidisturbios en noviembre de 2019.

Mediante notas oficiales, los ministros de Áñez se excusaron de responder al requerimiento legislativo y desconocieron las atribuciones de la comisión.

Esas conductas se adecuaron a los delitos de incumplimiento de deberes e impedir y estorbar el ejercicio de funciones, según las conclusiones del informe.

En mayo de 2020, con papeles en mano, el periodista Junior Arias denunció que, en noviembre 2019, el Ministerio de Gobierno informó a la brasileña Cóndor que adquirirá material antidisturbios para la Policía Boliviana con la intermediación de la firma Bravo Tactical Solutions (BTS).

Demostró que el 19 de diciembre de 2019, López, ministro de Defensa, firmó un contrato por $us 5,6 millones, más del doble que lo que había pagado Venezuela por un lote similar.

Sin embargo, el 4 de junio de 2020, López negó la denuncia. Dijo que la red Gigavisión actuó "por error o mala información".

Justificó la intermediación debido a la imposibilidad de ejecutar una adquisición directa.

Las investigaciones posteriores demostraron que BTS pagó a Cóndor $us 3,3 millones por el material antidisturbios y que le cobró al Estado boliviano $us 5,6 millones por el mismo lote.

El informe de la Comisión Especial Mixta evidenció un daño económico al Estado por ese negociado. Más tarde se supo que Murillo y sus cómplices (Philip Lichtenfel, Luis y Bryan Berkman, Sergio Méndez y, posiblemente, López), ahora bajo sentencia en Estados Unidos, se dividieron los $us 2,5 millones del sobreprecio.

De acuerdo con las investigaciones, José Luis Parada, el primer ministro de Economía de Áñez, dio luz verde para el desembolso de los $us 5,6 millones.

Sin embargo, su sucesor, Óscar Ortiz (7 de junio de 2020), se negó a brindar información al respecto a los miembros de la comisión.

En enero de 2020, López intentó transferir a Estados Unidos los $us 5,6 millones a través del Banco Central de Bolivia, entidad autárquica de estrecha relación con el Ministerio de Economía.

RECHAZO.

El 29 de enero, el JP Morgan Chase Bank rechazó ese pago debido a sospechas, básicamente, de que la cuenta de BTS se había abierto tres días antes.

López no se dio por vencido y el 17 de marzo consiguió enviar el dinero luego de dividirlo en dos partidas: $us 3,9 millones fueron para BTS y $us 1,7 millones para otros "pagos y gastos".

Entre el 21 y 22 de mayo de 2021, Murillo y Méndez fueron aprehendidos en Estados Unidos.

La justicia de aquel país los procesó, junto a los otros cómplices, por los delitos de soborno y lavado de dinero.

El jueves, Murillo se declaró culpable de las acusaciones, decisión que puede obligarle a cumplir una sentencia —quizás en dos semanas— de hasta 10 años de prisión en Estados Unidos.