El Gobierno descartó posibles descuentos a trabajadores de Santa Cruz que se vean perjudicados por el paro anunciado por el Comité Interinstitucional, el 22 de octubre.

La información fue confirmada por la ministra de Trabajo, Verónica Navia, quien además dijo que en ese tipo de paros, "los únicos perjudicados son los trabajadores".

"Las y los servidores públicos y las y los trabajadores de Santa Cruz que se vean obligados a paralizar actividades no tienen por qué ser objeto de descuento alguno en sus salarios", dijo la autoridad, citada en una nota institucional.

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El paro "indefinido" fue convocado por el Comité Interinstitucional, liderado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el Comité pro Santa Cruz, en rechazo a que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2024.

Dicha medida fue asumida luego de un cabildo regional el 30 de septiembre, en el que se dio al Gobierno un plazo de 21 días para abrogar el Decreto Supremo 4760, que establece la fecha de la actividad censal.

Con el respaldo político del gobernador Luis Fernando Camacho, el Comité Interinstitucional planteó un Censo en 2023, pero su propuesta fue rechazada.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la representación gubernamental calificaron dicha propuesta como "netamente política".

Verónica Navia aclaró que ante descuentos "injustificados", las y los trabajadores podrán presentar una denuncia en las oficinas de esa cartera de Estado.

"El paro es ilegal (…) esperemos que no se desquiten con los servidores públicos de bajo rango porque las autoridades van a seguir ganando su sueldo, las autoridades no tienen ningún problema con convocar a un paro", dijo en alusión a los convocantes de esa medida.

Sectores productivos como los empresarios y los gremiales advirtieron que esa medida "va en desmedro de los trabajadores" y que se convierte en un "atentado contra la economía cruceña.

Desde el Gobierno afirmaron que Santa Cruz perderá alrededor de $us 36 millones por cada día de paralización de actividades.