El líder de Comunidad Ciudadana y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, mediante su página web, dio a conocer los 15 puntos que "demuestran la perpetración de un gigantesco delito de fraude electoral" durante las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Los resultados de ese proceso electoral fueron anulados por el fraude electoral y se convocó a nuevas elecciones que se realizaron el 18 de octubre de este año.

Los puntos son los siguientes:

Paralización intencional y arbitraria del Sistema de Transmisión de Resultados preliminares (TREP), cuando se tenían divulgadas el 83,76% de las actas. Se ocultó un 5,58% de actas verificadas (en ese momento se habían verificado ya el 89,34%) y no se hizo publico ese porcentaje. Esa paralización duró más de 22 horas.
Introducción de dos servidores no contemplados en la infraestructura tecnológica, a los que se desvió intencionalmente información del TREP. Uno de ellos siguió funcionando en las horas en que el sistema se "apagó".
Se mintió sobre la configuración de uno de los servidores. Se reconoció la existencia de un servidor declarado como "pasarela" de datos, sólo cuando se probó su existencia que no había sido declarada.
Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico de datos a una red que estaba fuera del control del personal técnico del TSE.
Esa red paralela, permitió la manipulación de datos, suplantación de actas y otras maniobras irregulares.
Los vocales del TSE habilitaron el acceso y manipulación de información y datos a una persona que no trabajaba en el TSE (a través de una computadora Linux AMI), quien accedió a la información electoral el 21 de octubre de 2019 en plena ejecución del TREP. El TSE dio información falsa sobre dicha maquina.
El TSE dio información falsa sobre cuál fue el servidor que usó para la difusión pública de datos, mezclando informes sobre los servidores que realmente usó.
Se constató que personal de la empresa contratista NEOTEC, que instaló todo el sistema del TREP, tuvo acceso a los servidores, a pesar del pedido de los auditores de la OEA, de que mientras se realizara la auditoría nadie podía ingresar a los servidores.
Se comprobaron irregularidades en el llenado de actas. En una muestra aleatoria de 4.692 actas, se comprobó que 226 correspondientes a 86 centros de votación distintos de 47 municipios, fueron llenadas por una misma persona. Esa muestra corresponde a 38.001 votos, de los cuales el 91% se adjudicó al MAS.
Se quemó un número indeterminado de actas y 13.100 listas de electores habilitados, lo que impidió contrastar la información consignada en las actas de escrutinio.
No se preservaron las imágenes del TREP, lo que impidió la constatación de la autenticidad de las imágenes y la fuente de donde fueron tomadas.
Se modificó el procesamiento de actas del exterior, cuando estas estaban ingresando al sistema.
Se pasaron por lo menos 1.575 actas del TREP directamente al computo oficial, cuando ambos sistemas debieron ser completamente independientes uno del otro.
12.925 actas (37% del total) tenían observaciones para hacer aclaraciones, de ellas 2.326 actas tenían que ver con errores o modificaciones de la cantidad de votos registrados para cada partido.
El análisis estadístico realizado revela que la victoria de Morales en primera vuelta es estadísticamente improbable. Tal triunfo se produjo por un aumento de los votos del MAS en el 5% final del computo. En ese tramo final se produjo un quiebre en la línea de votos entre el MAS y Comunidad Ciudadana (CC). El tamaño de tal quiebre es extremadamente inusual y pone en duda toda la credibilidad del proceso.
Carlos Mesa fue candidato a la presidencia en las elecciones de 2019 por Comunidad Ciudadana y, tras los resultados electorales, fue el primero en denunciar el fraude realizado por el expresidente en ese tiempo, Evo Morales, según la denuncia de Mesa. A pesar de las pruebas de fraude y la auditoría realizada por la OEA después de las elecciones que concluyeron que si existió fraude, este lunes la jueza Claudia Castro decidió anular la denuncia contra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera y algunos de sus ministros, la cual era por el fraude en las elecciones presidenciales.