La noche del 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada abandonaba el país luego de renunciar a la presidencia. "Los muertos te van a enterrar", le había advertido su vicepresidente, Carlos Mesa, que luego asumió la sucesión con los rigores legales.

La crisis social y política de entonces degeneró de la intención del Gobierno de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno.

Las movilizaciones sociales habían comenzado a principios de septiembre por un conflicto local en la ciudad de El Alto, donde el entonces alcalde José Luis Paredes pretendía imponer los llamados formularios Maya y Paya.

En una espiral de demandas, los campesinos de La Paz también ponían en apronte al Gobierno por la exigencia de liberación del dirigente Edwin Huampo, acusado de perpetrar la muerte de dos personas en un caso de "justicia comunitaria" por el robo de ganado en el altiplano.

En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) encendió el conflicto contra la exportación de gas. Instruyó un bloqueo de la ciudad y demandó una consulta popular sobre el gas.

En esas circunstancias, el entonces líder campesino Felipe "El Mallku" Quispe ingresó en huelga de hambre en radio San Gabriel, acompañado de centenares de compañeros. Además, demandaban el cumplimiento de un pliego de 72 puntos del llamado Convenio de la Isla del Sol.


Sánchez de Lozada y sus aliados en plena crisis política. Foto. la razón-archivo
Para entonces, el conflicto social ya se había extendido incluso fuera de La Paz. El 16 de septiembre, por primera vez, alguien pidió la renuncia del presidente Sánchez de Lozada: el diputado del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) Germán Choquehuanca, en huelga de hambre.

Hasta que la crisis cobró sus primeros fallecidos el 20 de septiembre. El mismo ministro Carlos Sánchez Berzaín lideró un operativo policial-militar en Warisata, donde campesinos bloqueaban el paso de turistas, la mayoría estadounidenses, en Sorata. Hubo cinco fallecidos, cuatro de ellos campesinos y un policía.

Sin embargo, la masacre adquirió esas proporciones el 12 de octubre, cuando en un intento de resguardar el transporte de caravanas de combustible entre Senkata (El Alto) y La Paz, los militares dispararon contra las movilizaciones y dejaron un saldo de 27 muertos. ¡Y los muertos enterraron a Sánchez de Lozada!

Cuenta Mesa en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018) que el 12 de octubre, al volver de Cobija, se reunió con el mandatario en la residencia de San Jorge.

Dice que fue una reunión tensa, a pesar del plato paceño que el mandatario ofreció a los comensales. "Hay tres cosas que no voy a hacer —me dijo—: renunciar, llamar a referéndum y convocar a una Asamblea Constituyente", recuerda Mesa de las palabras de Sánchez de Lozada.

Según dice, a sabiendas de que lo conoce por su incapacidad de escuchar consejos y su testarudez, le sugirió llamar a consulta por el gas, planteando "a los bolivianos que solo lo exportarás si es con soberanía".

Al no lograr su propósito, que incluso suponía "suavizar" la demanda de Asamblea Constituyente, Mesa recuerda que le advirtió: "Los muertos te van a enterrar".

Y lo último: "Tú eres el único Presidente que no podrá vender el gas por Chile".

Mientras, las muertes continuaban. Otras 23 personas fallecieron el lunes 13 en El Alto y en la zona Sur de La Paz, 10 más.

Cuenta Mesa que a las 10.00 de ese día le llamó Manuel Suárez, secretario privado de Sánchez de Lozada, a quien —dice— le dijo que no tiene nada que hablar.

Fue el quiebre. Mesa renunció al gobierno del presidente con el que llegó al poder en las elecciones de 2002. Si embargo, no renunció a sus funciones.


Luto. Uno de los tantos velorios que hubo en Octubre Negor de 2003. Foto. AFP
Por esta actuación fue tildado de "traidor". Fue vehemente en este calificativo el mismo yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, quien años más tarde lo denunció por haber cobrado $us 1,2 millones, en varias facturas, por aceptar la candidatura a la Vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada.

En una carta dirigida al Financial Times, en octubre de 2019, el mismo Sánchez de Lozada expresó su molestia con Mesa. "Carlos Mesa fue mi vicepresidente durante mi segundo mandato y aprovechó los conflictos sociales provocados por el señor Morales y sus aliados para forzar mi renuncia", se lee en la misiva.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. "Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo", relata en el libro.

Así esperó Mesa el desenlace.

El 15 de octubre, el Gobierno presentó su propuesta de disolución del conflicto que ya había cobrado decenas de fallecidos: referéndum consultivo, inclusión de la Asamblea Constituyente y revisión de la Ley de Hidrocarburos.

Ya era tarde. Dos días después, dos de los aliados de Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, le quitan respaldo al mandatario.

Era 17 de octubre. Según cuenta Mesa, ese día lo visitaron el Alto Mando Militar, algunos legisladores y los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien. Era inminente la sucesión.

A las 22.32, Mesa juró a la presidencia del país ante Vaca Díez. Minutos antes, el Congreso Nacional había leído y aceptado la carta de renuncia de Sánchez de Lozada. Fue una sucesión "impecable" —Mesa llamó así la proclamación de Jeanine Áñez en 2019—. Pero renunció en 2005.


Operativo. El 'Plan República' cobra vigor otra vez en en traslado trágico de combustibles a La Paz. Foto. la razón-archivo
Sánchez de Lozada temía la 'desintegración nacional'
Gonzalo Sánchez de Lozada renunció desde Santa Cruz, camino a Estados Unidos, la noche del 17 de octubre de 2003. En su carta de renuncia que consideró y aceptó luego el Congreso Nacional, el hombre temía la "desintegración nacional".

Es día había terminado con su renuncia una crisis política y social que había dejado 69 fallecidos, casi todos manifestantes en todo el país, incluso niños.

Elegido junto a Carlos Mesa en 2002, Sánchez de Lozada renunció a sus funciones un año y poco más de dos meses después de asumir su segundo mandato.

"Es mi deber advertir que los peligros que se ciernen sobre la patria siguen intactos, la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida", escribió.

Consideró que la crisis que terminó con su gobierno puso a la democracia del país "bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia".

"Todo esto configura un cuadro de sedición que con el pretexto de la exportación del gas natural ha violado la esencia de la democracia, que es el respeto al veredicto de las urnas para la elección de los gobernantes".

"Estos peligros se asientan en la circunstancia histórica en que los fundamentos de la democracia han sido puestos en cuestión, quiera Dios que algún día no tengamos que arrepentirnos de todo esto", continúa la carta.

Entre las 17.15, el momento en que Sánchez de Lozada dejó la Casa Presidencial de San Jorge debido a su inminente dimisión, y las 22.30, no había gobierno. Había llegado a Santa Cruz al terminar el día.

Mientras Sánchez de Lozada estaba en el aire, de viaje a Estados Unidos, el Congreso Nacional leyó su carta de renuncia, en un ambiente emotivo, en el que incluso se instalaron movimientos sociales y activistas de los derechos humanos.

El propio dimisionario recomendó la sucesión constitucional, de acuerdo a los artículos 68 y 93 de la Constitución Política del Estado de entonces. "Si la acepta, el Vicepresidente de la República deberá asumir la presidencia y ejercerla hasta la finalización del periodo constitucional", recomendó entonces.

Desde ese día, Sánchez de Lozada no volvió al país, como su ministro Carlos Sánchez Berzaín. Ambos fueron acusados por las masacres de la "guerra del gas". En 2019, un juzgado de Florida determinó que fueron culpables de "ejecuciones extrajudiciales".