El cabildo en La Paz, realizado por gremialistas del sector de Francisco Figueroa, cocaleros de Adepcoca de Freddy Machicado y otros sectores dio un plazo de 14 días para que el Gobierno atienda las demandas de su pliego petitorio de seis puntos, cuya primera exigencia es la libertad de presos de Adepcoca, Comcipo y otras organizaciones.

CENSO-2023.

El segundo punto del pliego apunta al cese de la persecución de los dirigentes sindicales de las distintas organizaciones sociales, además se exigió el Censo nacional en 2023.

La concentración se llevó a cabo en la plaza San Francisco, en la tarde, después de que los integrantes de las organizaciones convocadas marcharon por la avenida Mariscal Santa Cruz, en el centro de la sede de gobierno.

"Lo que hemos quedado de acuerdo con los dirigentes, de Adepcoca, dirigentes gremiales, médicos, CSUTCB, tierras bajas, todos los sectores (es) dar plazo de 14 días al Gobierno central", dijo el dirigente gremial Toño Siñani. Agregó que si las autoridades no liberan a los dirigentes detenidos, habrá bloqueos en todo el país, reflejó Unitel.

También se pidió abrogar la Ley General de la Coca (906), la Ley 1455 referida al sector gremial y el Decreto 4757 que dispone hacer el Censo en 2024.

Se solicitó al Gobierno crear políticas para la protección de la producción nacional y una reactivación económica real que justifique una ganancia, que permita cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar.

Como último punto, al igual que el movimiento cívico en otras regiones del país, el cabildo de ayer lunes, en La Paz, exigió que el Censo se lleve adelante en 2023.

La convocatoria no llenó ni la bandeja inferior de la plaza Mayor de San Francisco, según reportó la agencia estatal ABI.

PRESIÓN.

Figueroa y el dirigente gremial Toño Siñani encabezaron la marcha y la concentración en La Paz, donde expresaron su apoyo al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en su pedido de adelantar el censo. Según recogió la agencia estatal, gremiales de base denunciaron en diversos medios de comunicación que Figueroa y Siñani lograron imponer la marcha en federaciones con amenazas de multas y otras represalias.

Para la noche de ayer se preveía una similar concentración en Cochabamba, a la cabeza de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), un grupo paraestatal que también operó en la crisis estatal de 2019 que dio paso al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

A ambas manifestaciones se sumaron el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de Manuel Morales, y Luis Larrea, del Colegio Médico.