La movilización popular triunfó. La tarde del 10 de octubre de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo juró como presidente constitucional de Bolivia, en reemplazo del general Guido Vildoso Calderón, culminó la lucha de más de 18 años en contra de las dictaduras.

La bota militar fue derrotada por los obreros, campesinos, indígenas, dirigentes universitarios, intelectuales de la izquierda y sectores progresistas, quienes, además, dieron apertura al ejercicio pleno de los derechos democráticos y de respeto al voto, que hasta antes de 1982 no pudo ser ejercido de manera estable y efectiva.

Este ciclo de gobiernos de facto se inició el 14 de noviembre de 1964 con el golpe de Estado que propició el general René Barrientos Ortuño contra el presidente Víctor Paz Estenssoro.

En su gobierno, los servicios de inteligencia fueron asesorados por el criminal de guerra nazi Klaus Barbie, quien actuaba bajo el nombre de Klaus Altmann, cuyos tentáculos se extendieron hasta la década de los 80.

Con apoyo de la CIA estadounidense, Barrientos combatió la guerrilla de Ñacahuazú y asesinó a Ernesto "Che" Guevara; este fin de semana se recordaron 55 años de su asesinato en Vallegrande, Santa Cruz.

De acuerdo con un informe de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), la situación de Bolivia en esa época fue bastante crítica y ocurrieron un sin número de violaciones de derechos humanos. Las estadísticas de Amnistía Internacional dan cuentan que entre 1966 y 1968 se ejecutaron decenas de personas opositoras al régimen gobernante.

En 1969, al producirse, en un accidente, la muerte del general Barrientos, le sucede el vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, a su vez, derrocado por otro golpe militar dirigido por el general Alfredo Ovando Candia, quien combatió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Teoponte, en el norte de La Paz.

Después de la posesión del general Juan José Torres como presidente de la República, el 7 de octubre de 1970, se consolidó la Asamblea Popular de 1971, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por Juan Lechín e integrada mayoritariamente por los sindicatos, los partidos políticos y algunas organizaciones campesinas.

Sin embargo, este destello progresista fue anulado el 21 de agosto de 1971, cuando Torres fue derrocado por el coronel Hugo Banzer Suárez.

Durante esta dictadura, que se extendió hasta 1978, se produjo masivas detenciones arbitrarias, destierros y confinamientos, se practicaron torturas, tratos crueles, degradantes y humillantes, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, además se prohibió los partidos políticos, la acción sindical, se suspendió todos los derechos civiles y se atacó los centros mineros.

A fines de 1977, Banzer convocó a elecciones generales para 1978. Junto a la convocatoria se publicó una lista de exiliados con prohibición de retornar al país.

Entonces, un grupo de mujeres mineras, liderado por Domitila Barrios de Chungara, inició con sus hijos una huelga de hambre en busca de una amnistía para sus esposos, incluidos en esa lista.

La demanda de las mujeres ganó la solidaridad de miles de personas que se plegaron a la huelga. Esta medida significó a la postre la principal presión no violenta y exitosa de la sociedad en reclamo de la restitución de las libertades democráticas.

En enero de 1978 el gobierno ratificó la convocatoria a elecciones y declaró la amnistía. No obstante, los comicios estuvieron marcados por un fraude descomunal cuya faceta más grotesca —al margen de la desorbitada proporción de votos que favorecían al candidato militar— fue que se contaron más votos que la cantidad de ciudadanos inscritos, cita el libro Atlas Electoral de Bolivia Elecciones Generales 1979-2009.

Tal como estaban diseñadas las reglas electorales y como se condujo el proceso de 1978, los militares no proponían la transición a la democracia sino al autoritarismo electoral, sin competencia equitativa y con una asignación de escaños desproporcionadamente favorable al ganador (Cf. Schedler 2006).

Anuladas las elecciones, el candidato favorecido por el fraude, general Juan Pereda, dio un golpe de Estado.

Sin embargo, la demanda de elecciones inmediatas —provenientes de los dirigentes políticos y sociales nacionales y también sustentadas por presiones internacionales— fueron respondidas por el Gobierno de Pereda con la oferta de una convocatoria para el primer semestre de 1980.

Pereda argüía que las elecciones no podían realizarse en 1979 porque ese año se recordaban los cien años del enclaustramiento marítimo de Bolivia y eso exigía un gobierno estable (Cf. Dunkerley 2003: 308).

En noviembre de 1978, el general David Padilla dio un golpe de Estado y se hizo cargo de la presidencia.

Padilla convocó a elecciones para julio de 1979. Como ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos en esas elecciones, el Parlamento debía nombrar al nuevo presidente.
En el Congreso no hubo acuerdo para elegir al primer mandatario entre los candidatos más votados en las urnas. Así, Wálter Guevara, presidente de la Cámara de Senadores, fue designado en interinato para llamar a nuevas elecciones que se realizarían en 1980.

Un nuevo golpe de Estado, la ominosa Masacre de Todos Santos, que tuvo su principal actor en el coronel Alberto Natusch, alejó a Guevara de la presidencia a inicios de noviembre de 1979.

Debido a la presión internacional y a la vigorosa resistencia civil interna, Natusch renunció dos semanas después del golpe.

La presidencia fue entregada por el Congreso a Lydia Gueiler, presidenta de la Cámara de Diputados.

Durante el Gobierno de Gueiler se realizaron las elecciones de junio de 1980. En julio de ese año, cuando se conocía que los resultados oficiales favorecerían a una coalición de izquierda, pero todavía no se había posesionado el nuevo Congreso, el general Luis García Meza dio un golpe de Estado.

Poco más de un año después, en agosto de 1981, García Meza renunció y un triunvirato militar se hizo cargo del gobierno. Uno de los triunviros, el general Celso Torrelio, fue designado presidente.

Un golpe abortado en julio de 1982 derivó en la caída de Torrelio. El nuevo presidente, el general Guido Vildoso, asumió el compromiso de realizar la transición hacia un gobierno constitucional.

En octubre de 1982 se reunieron los parlamentarios que en 1980 no habían podido tomar posesión de sus cargos debido al golpe de García Meza y eligieron a Hernán Siles, primero en la preferencia popular en las elecciones de 1980, como presidente.

Así se inició el periodo democrático que continúo de forma ininterrumpida hasta noviembre de 2019, cuando se produjo la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez.

Con las elecciones generales de 2020, el país retornó a la vía democrática con la elección de Luis Arce con el 55,1% de los votos.