"Baja definitiva", sin derechos ni beneficios, eso es lo que establece el proyecto de Ley de Carrera de la Policía Boliviana, para los uniformados que participen o lideren motines. El documento, ahora, es objeto de debate en la Asamblea Legislativa.

La propuesta consta de 67 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, abrogatorias, derogatorias y finales. Fue elaborada entre agosto de 2021 y el mismo mes de este año, por la propia institución verde olivo, en coordinación con el área jurídica del Ministerio de Gobierno.

Hace poco, la propuesta fue aprobada por la mayoría del MAS, en la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, pese a las observaciones de la oposición sobre éste y otros temas.

Si bien todas las fuerzas políticas coincidieron en que el espíritu de la norma "es positivo", hay reparos desde la oposición sobre las causales de las bajas definitivas.

El artículo 22 del proyecto de ley señala que la baja definitiva "es el cese de los derechos y beneficios institucionales" del funcionario policial de carrera y de servicios, lo que implica que deja de pertenecer a la Policía Boliviana.

DISPOSICIÓN.

En ese marco, establece tres causales por las que se asumiría esa determinación.

La primera, está referida a una "sanción disciplinaria", producto de una resolución administrativa ejecutoriada, a faltas definidas "en la ley que regule el régimen administrativo disciplinario" policial.

También procederá por sentencia condenatoria ejecutoriada, "emergente de un proceso penal".

Por último, se determinará la baja definitiva "por instigar, participar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión".

La normativa agrega que la baja definitiva "no exime" al policía de otras responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Al respecto, el diputado Santos Mamani (MAS), presidente de la Comisión de Gobierno, explicó a LA RAZÓN que la disposición de la baja definitiva ingresó en el debate y se aprobó para "evitar el amotinamiento" policial como en 2019.

Tras las elecciones generales de ese año, se desató una serie de movilizaciones tras las denuncias de fraude electoral. En medio de esa crisis, un grupo de policías se amotinó en diferentes regiones.

Con los uniformados replegados, hubo movilizaciones violentas y destrozos en instituciones públicas. Pocos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia del país, tras la renuncia de Evo Morales.

Desde entonces, más de 20 uniformados fueron alejados de la institución por participar en la "ruptura constitucional" de 2019.

"Para que no ocurra de nuevo esa situación, se está poniendo ese artículo, pues la Constitución Política establece que la Policía debe resguardar la seguridad ciudadana, pues no delibera ni toma acciones partidarias", afirmó.

En tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara calificó esa disposición como una "sed de venganza" por parte del Gobierno en contra de quienes expresaron su desacuerdo con las acciones irregulares que cometió el MAS en 2019.

"Es una actitud de revancha (…), esa interpretación puede servir para todo. Esto es innecesario y preocupante, pues se podría usar esa disposición de forma nada objetiva", cuestionó Lara.

TRES CAUSAS PARA LA BAJA DEFINITIVA
SANCIÓN La baja definitiva de la Policía Boliviana, que implica el cese de derechos y beneficios, procede por sanción disciplinaria, emergente de una resolución administrativa ejecutoriada, a faltas definidas en la ley que regule el régimen administrativo disciplinario de la Policía.
SENTENCIA Por sentencia condenatoria ejecutoriada, emergente de un proceso penal.
MOTÍN Por instigar, participar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión.