Por falta de una denuncia formal, la Fiscalía descartó iniciar una investigación en contra del expresidente Evo Morales por el informe emitido por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) respecto al llamado 'caso Terrorismo'.

Para justificar su decisión, el Ministerio Público argumenta que debe existir una denuncia formal con todos los hechos descritos contra la persona; o en caso de juicio de responsabilidades, debe acompañarse de un pliego de acusación formal apegado a la Ley que juzga Altas Autoridades del Estado.

"Se colige que el mismo no se constituye en una denuncia formal o querella interpuesta en contra de alguna persona, en el marco de lo establecido en los Artículos 285 y 290 del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco se constituye en una Proposición Acusatoria acorde al contenido de la Ley 044 de fecha de fecha 08 de octubre de 2010", señala la resolución de la Fiscalía, segpun informó El Deber.

La respuesta de la Fiscalía se da a raíz en respuesta a la petición del exdipútado Amilcar Barral, quien había pedido el enjuiciamiento del exmandatario en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH sobre el caso Terrorismo.

El informe de la CIDH sobre el caso Terrorismo se hizo público a través de un medio de comunicación y señala que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

Según el informe al que tuvo acceso El Deber, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables dentro del territorio boliviano.

Al respecto, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, emitió una queja formal ante la Comisión Interamericana por la filtración del documento.

Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que no hay una posición gubernamental de llevar al expresidente Evo Morales a un juicio de responsabilidades. Además, reiteró que el informe fue declarado en reserva y aseguró que cualquier acción penal a consecuencia del documento es definida por el Fiscal General.

"El Informe CIDH esta bajo reserva, por lo tanto no podemos pronunciarnos como Gobierno sobre su contenido públicamente. En General no en este caso los Informes de la CIDH son vinculantes y la acción penal publica en Bolivia es definida por el Fiscal General (sic)", señaló el Ministro a través de su cuenta de Twitter.

Eso sí, el Ministro afirmó que "en general" los informes de la CIDH son vinculantes y su carácter de reserva se levanta una vez que la Comisión determina si el Estado cumplió con sus recomendaciones o decide presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). "Nos encontramos en esa etapa de este caso", aseveró.

El denominado caso Terrorismo ocurrió el 16 abril de 2009 ante la sospecha que un grupo de extranjeros conformaron un grupo terrorista, fuertemente armado, para ejecutar un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del expresidente Evo Morales y otros de su gobierno.

Ese día, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.