En anteriores publicaciones vimos tres carencias centenarias de nuestra
"Justicia": de independencia, de recursos y de estrategia estatal.

Veamos ahora la carencia de idoneidad y eficiencia de nuestros
administradores de justicia, origen primario de la corrupción y de la
retardación judicial, terribles lastres de nuestra administración judicial.

Con excepciones honrosas, no tenemos operadores de justicia
profesionalmente idóneos, ya sea por la formación mediocre o por su
limitada experiencia. Es evidente que no llegan a la administración de
justicia precisamente los mejores abogados; se trata más bien de una
opción laboral para quienes no se sienten muy competitivos y prefieren
un perfil bajo y una cierta estabilidad personal anónima. Ello tiene que ver
con la formación universitaria, con los sueldos bajos, con la poca exigencia
en el desempeño y con los nombramientos político partidarios.

Nuestras universidades no forman jueces ni fiscales, solo abogados. Y la
formación de éstos, además de mediocre, está desvinculada de la
realidad social y judicial. Es memorística, dogmática y acrítica.

Se estudian las leyes, las teorías que las sustentan (lo que se llama
"doctrina"), su historia y orígenes, y casi nada de la realidad especifica
del derecho y de su aplicación en la vida concreta, donde la ley y el
derecho deberían resolver los conflictos. "Derecho" es una de las
profesiones "fáciles" por la escasa exigencia académica y apetecida por
la posibilidad de trabajo e ingresos rápidos. En general la mayoría de los
postulantes a esta "carrera" no están motivados por los contenidos y fines
altruistas de la misma.

La designación partidizada y/o improvisada de jueces casi no toma
en cuenta los méritos y la experticia en la administración de justicia. En
la mayoría de los nombramientos es suficiente el título de abogado y
algunos años de ejercicio abogadil, creyendo que un buen abogado
puede ser un buen juez, y no se tiene claridad respecto al perfil
profesional que deben tener estos últimos. Los concursos de méritos y
exámenes de competencia son casi una parodia, ya que sin la presencia
de universidades y colegios profesionales están librados a la discrecionalidad
de los consejeros de la Magistratura, que no solo digitan partidariamente los
nombramientos, sino que hacen "negocio" con los cargos.

Es más, la práctica judicial, que se la aprende desde los puestos auxiliares,
no es sino el aprendizaje de una rutina caracterizada por el papeleo,
la burocracia, la chicana, la retardación y la coima. No se han
planteado aún, como parte de la educación superior, los postgrados
para jueces y fiscales que deberían ser prerrequisitos para los
nombramientos. Esta formación especializada ha tratado de ser
atendida con "escuelas de jueces" que de manera precaria y
discontinua han implementado los Consejos de la Judicatura y la
Magistratura.

La corrupción en el comportamiento público de los operadores de justicia
es el agravante de la falta de idoneidad profesional que
retroalimenta la carencia de formación y experiencia. Se trata de
una grave carencia ética de orden personal, pero que está muy
vinculada a las características de la administración de justicia donde
cada actuación procesal tiene una tarifa, fuera de cualquier arancel,
impuesta por la rutina.

Eso de que la justicia es "gratuita" es un cuento que se desnuda no solo
con motivo del honorario de los abogados, sin cuyo concurso casi no
se puede acceder a los jueces, sino porque todos los innumerables
actuados judiciales, tienen un precio que ni siquiera se lo considera ya
como un soborno; amén del tiempo que el litigante tiene que destinar a
los "trámites". Hay jueces que "cobran" por sus fallos, lo que es
fomentado por abogados que incluyen en su "arancel" un monto
destinado a jueces y fiscales con o sin conocimiento de ellos.
La ausencia de idoneidad profesional y personal en los
administradores de justicia deriva en la carencia de eficiencia del sistema.
La retardación de justicia, e incumplimiento de plazos, la
eternización de los juicios, la sobrecarga procesal, la no resolución
de los conflictos, el hacinamiento carcelario y el cuasi colapso del
sistema dan cuenta de ello.

La ineficiencia está apañada por la ausencia de mediciones,
evaluaciones y controles del desempeño de los jueces, a través de
parámetros y estándares que mínimamente deben cumplirse. Se
supone que hay sobrecarga de trabajo que se incrementa cada año,
que el número de jueces no es suficiente, pero no se sabe a ciencia
cierta si el trabajo de los jueces está bien hecho en términos de cantidad
y calidad mínimos.

¿Cuántos juicios deberían resolver un juez al año?
¿Cuál debería ser la duración máxima de un proceso?
¿Será que todos los jueces y juzgados tienen la
misma carga procesal?

Difícil saberlo sin estadísticas ni datos fidedignos que no tiene o que oculta
el Consejo de la Magistratura, y que impiden dimensionar la ineficiencia
judicial en nuestro medio. El desastre judicial se completa con el
miserable presupuesto judicial, los bajos sueldos, la infraestructura
penosa, y la injerencia partidaria.

Sin un verdadero Consejo de la Magistratura y con presupuestos
miserables no tendremos ni idoneidad ni eficiencia, y la anunciada
"Reforma Judicial" solo será una pose demagógica.



Juan Del Granado Cossio es Abogado y Político