El Concejo Municipal de La Paz no alcanzó el apoyo de dos tercios de los concejales para poder reconsiderar la ordenanza sobre construcciones irrestrictas y, por ello, la presidenta de la instancia, Yelka Maric, se vio obligada a suscribir la Ordenanza y pasarla al Ejecutivo municipal.
A través de un comunicado, Maric informó que se ve obligada, por formalidad, a suscribir la ordenanza y remitirla al alcalde de La Paz, Iván Arias.
"Dejo expresa constancia a efectos posibles y futuras responsabilidades, que no estuve ni estoy de acuerdo con esta ordenanza, pero habiéndose manifestado el pleno por el rechazo de la moción de reconsideración, esta vez me veo obligada por la formalidad a suscribir la ordenanza con los vicios de nulidad que he señalado y remitir el oficio al Ejecutivo", apuntó.
El concejal Lucio Quispe planteó una moción de reconsideración de la ordenanza y cinco concejales votaron a favor (4 del MAS) y cuatro en contra. Para que la propuesta sea aceptada se necesitaban siete votos (dos tercios).
La controvertida norma es apoyada e impulsada, entre otros, por el concejal del MAS Pierre Chain, quien actuó de manera individual y no respaldado por su partido político, según expresó el excandidato a la Alcaldía paceñoa por el Movimiento al Socialismo, César Dockweiler.
La Ordenanza Municipal 64/2022 de "Ajuste normativo de Actualización por Crecimiento y Densificación, para la Administración Municipal" autoriza la construcción de edificios de hasta 40 pisos en diferentes zonas de La Paz.
La norma fue cuestionada por las Cámaras de la Construcción de Bolivia, de la Construcción de La Paz, el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia porque no tiene sustento técnico.
El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, advirtió, los pasados días, que presentará una acción popular contra cualquier norma que vulnere derechos colectivos, a propósito de esta norma municipal.
Cuestionó que a título de desarrollo se pretenda beneficiar a un grupo de inversores, se ponga en riego a miles de usuarios, el medio ambiente y el acceso a los servicios básicos, la salud e incluso la vida.