Los principales acusados por el caso Ciudad Inteligente de Tarija, el exalcalde y actual senador Rodrigo Paz Pereira y el exgobernador Adrián Oliva, se acogieron a su derecho al silencio, en su declaración informativa.

La denunciante del caso es la jefa de la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal tarijeño, Miriam Humacata.

En el proyecto denominado Ciudad Inteligente, se gastó Bs 50 millones para comprar cámaras de seguridad ciudadana que no funcionan, por ello la Fiscalía los acusa de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En 2016, el exalcalde Paz impulsó el proyecto Ciudad Inteligente, inicialmente se licitó por Bs 86,4 millones, según el contrato firmado en octubre de 2017 con la empresa Datec Ltda, recursos que debía financiar en 50% la Gobernación de Tarija.

En la primera fase del proyecto se tenía previsto instalar fibra óptica, cámaras de seguridad, wifi gratis, digitalización del sistema de salud y educativo en la ciudad de Tarija, como parte de la primera fase del plan, sin embargo, no se cumplió y las 60 cámaras que se compraron no funcionan actualmente.

"La investigación ya está en pleno curso, se los ha notificado, a ambos denunciados, aunque ellos se abstuvieron a declarar. Sin embargo, (…) nosotros seguimos con la investigación", explicó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

La fiscal explicó que por la complejidad del caso y debido a que finalizó el plazo de 20 días para la investigación preliminar, la Fiscalía solicitó ampliar el tiempo para efectuar los requerimientos de pericias.

Este proyecto fue impulsado por la gestión edil de Paz Pereira. La licitación por más de Bs 84 millones en 2016 la cual recibió múltiples cuestionamientos, entre ellos el presunto sobreprecio en los equipos, pero sobre todo por el hecho de que el sistema nunca entró en pleno funcionamiento, no se entregaron todas las cámaras comprometidas y las que están instaladas constantemente registran fallas técnicas.