A través de un documento, excolaboradores de expresidente Evo Morales respaldaron las acciones del exmandatario asumidas en 2009 contra lo que el gobierno de entonces denominó "una organización separatista" al grupo liderado por Eduardo Rósza.

Aunque el caso fue cerrado en 2020 a petición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, en la gestión de Jeanine Áñez, el caso cobró actualidad en razón de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso.
"Las exministras y exministros de Estado que tuvimos el honor de participar en el gobierno del preside Morales ratificamos nuestro respaldo a las decisiones que se tomaron en bien de la unidad de la Patria y de nuestro pueblo", dice parte del documento.

Dicho texto está avalado por 48 exministros de Morales.
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El 16 de abril de 2009, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) intervino el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde se presumía que se hospedaba una célula terrorista liderada por Rósza.
El saldo de la operación policial fue tres muertos: Rósza, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.

La intervención "develó la magnitud de las operaciones y el involucramiento no solo de personajes sino de instituciones en este plan de alta traición a la patria", dice el texto.

Los exministros recordaron que una de las pruebas irrefutables de las acciones separatistas es la entrevista que el periodista Andras Kepes le hizo el 8 de septiembre de 2008 a Rósza, antes del ingreso de éste a Bolivia.

"Si no hay autonomía, si no hay convivencia con autonomía, proclamamos la independencia y fundaremos un país nuevo", dice Rósza, según cita el documento.
El caso fue investigado por el Ministerio Público y la Asamblea Legislativa. Varias personas, entre ellas Mario Tádic y Elöd Tóásó, sobrevivientes a la toma del hotel, fueron investigadas y algunas encarceladas.
En septiembre de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la denuncia que sustentaba su despacho en el caso y pidió el cierre de la causa.
A través de un comunicado del Ministerio de Justicia, se conoció que el informe de la CIDH, en el proceso registrado como "CASO 13.546", "se encuentra bajo reserva y confidencialidad".
Entonces, la administración de Evo Morales denunció que ese grupo irregular estuvo vinculado con movimientos conservadores cruceños para intentar desestabilizar al Gobierno.
El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. En 2020, durante el gobierno de Áñez, el proceso fue cerrado.