Lima: El caso Separatismo y Terrorismo fue archivado en el gobierno de Áñez; informe de la CIDH está bajo reserva


Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como "CASO 13.546", el comunicado establece que "el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad".

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ratificó que el caso Separatismo y Terrorismo fue archivado "arbitrariamente" en 2020, durante el gobierno transitorio Jeanine Áñez.

"En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez", señala parte de un comunicado de esa cartera de Estado.
El documento agrega que esas acciones son "objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso".

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como "CASO 13.546", el comunicado establece que "el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad".
En ese marco, "el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva", agrega la nota.
El Ministerio de Justicia emitió este documento la noche de este lunes luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la CIDH.
El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa.
Entonces, la administración de Evo Morales denunció que ese grupo irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores cruceños para intentar desestabilizar al Gobierno.
El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. En 2020, durante el gobierno de Áñez, el proceso fue cerrado debido a que el Ministerio de Gobierno, al mando de Arturo Murillo, retiró la denuncia.