La Procuraduría General del Estado (PGE) se sumó al proceso por los presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre – Yamparáez que involucra a la Asociación Accidental China Harbour y a la comisión calificadora de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En un comunicado difundido por la entidad, se señala que la PGE, "ejerciendo sus funciones constitucionales, se apersonó en dicho proceso como sujeto procesal".

Esta condición de "sujeto procesal" le faculta a la Procuraduría "interponer toda acción y recurso que franquea la ley, en defensa y precautela de los intereses del Estado, con plena capacidad para actuar en el desarrollo del proceso en intervención".

La entidad indica, en el comunicado, que "de acuerdo al avance de las investigaciones se propondrá la colecta de los medios probatorios pertinentes" y aclara que no se requirió "la detención de persona alguna".

"La PGE remarca que, en el departamento de Chuquisaca, está representada por la abogada Zulma Mariela Durán Sandoval como Directora Departamental y que el abogado Rolando Cruz Pemintel es un funcionario subalterno no autorizado para realizar declaraciones públicas a nombre de la Procuraduría General del Estado", agrega el documento.

Además de ello, la Procuraduría General del Estado ratifica "la defensa de los intereses del Estado y del pueblo en todas las instancias correspondientes ceñida y las leyes y normatividad nacionales".

De acuerdo con los antecedentes del caso de presunta corrupción en el proceso de licitación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, se evidenció actos de responsabilidad que involucran al representante de la Asociación Accidental China Harbour, Jim Zhejiang, de la comisión calificadora de la ABC y de una persona que vendió facturas por montos millonarios.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción cuenta con elementos que evidencian el pago irregular de más de Bs 14 millones a modo de soborno, en el que estarían involucrados el representante de la empresa china y una segunda persona (Esteban A. S.), que vendió las facturas para permitir ese extremo. Ambas personas fueron enviadas a la cárcel el 16 de septiembre.

Además de ello, el gerente regional de la ABC en Chuquisaca, Hernán Palacios, fue enviado a la cárcel de San Roque con detención preventiva por seis meses.

El total de la coima ofrecida en el caso investigado, sería de Bs 18 millones; sin embargo, aparentemente, las partes acordaron que se entregue el 50% a la firma del contrato, es decir Bs 9 millones. Pero fueron entregados Bs 5 millones más, haciendo una suma de más de Bs 14 millones recibidos irregularmente.

Las facturas develan un primer pago efectuado el 4 de febrero por Bs 1.470.567,13; un segundo pago registrado el 25 de febrero por Bs 9.396.000,00 (el 50% acordado); un tercer pago del 25 de abril por Bs 1.059.018,89; un cuarto pago del 16 de mayo por Bs 1.142.892,21; y un quinto pago efectuado el 11 de julio por Bs 1.005.934,57.

El viernes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que el presidente de la ABC, Henry Nina, fue citado a declarar en calidad de testigo para este lunes 26 de septiembre.

"Ya ha sido citado y se va a recibir su declaración para el día lunes de la próxima semana", dijo Lanchipa sobre Nina. "En calidad de testigo inicialmente va a ser convocado para el día lunes", precisó a la red Erbol.

Nina negó públicamente que haya recibido una coima. Entre sus descargos están el hecho de que no estaba en La Paz cuando presuntamente se pagó parte del dinero y que en meses anteriores preguntó directamente al empresario chino si había sido extorsionado y éste lo rechazó.