La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, exigió este lunes a las autoridades de Santa Cruz que asistieron a la reunión de socialización del Censo de Población y Vivienda en la capital cruceña, el 15 de agosto, que cumplan con los acuerdos asumidos en esa cita y no apelen a medidas de presión "que no tienen sentido".
"Se ha tenido un acuerdo de seis puntos, en el caso de Santa Cruz, y se está cumpliendo con ello. Más bien les pedimos a quienes han estado y han firmado los acuerdos de esas reuniones que cumplan esos acuerdos", demandó Alcón en declaraciones a la prensa.
En el marco del proceso de socialización del Censo a escala nacional, la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE), llegó el 15 de agosto a la ciudad de Santa Cruz para reunirse con los representantes del Gobierno departamental, de las alcaldías y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
Al encuentro acudió el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también el rector de la Universidad, Vicente Cuellar, quiénes integran el denominado Comité Interinstitucional del Censo, instancia que llevó a la región a dos paros, el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto, en demanda de que se realice la encuesta nacional en 2023.
Si bien ambos paros no tuvieron la contundencia que esperaban, porque el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y los demás ediles se desmarcaron de la medida de presión, Alcón lamentó que se hubiera acudido a éstos sin tener una propuesta completa para realizar el Censo en 2023.
Ya en la reunión del 15 de agosto, los especialistas de la Universidad admitieron que su propuesta estaba incompleta y, por ello, pidieron al INE información para concluirla.
Si bien a un principio Cuellar dijo que el INE solo les remitió "diapositivas", al final tuvo que admitir que se les entregó la información en físico de todo el trabajo realizado para el Censo.
Luego de casi un mes, la universidad hizo llegar al Ejecutivo su propuesta concluida.
El 15 de septiembre, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, confirmó la recepción del documento y anunció que será analizado por el INE para, luego, emitir una respuesta.
Cuellar admitió que se entregó con demora la propuesta concluida de la Universidad, pero responsabilizó de ello al INE porque se habría demorada en la remisión de los documentos.
Pese a ello, dijo que el Ejecutivo tiene que responder lo antes posible al planteamiento de la Universidad sino quiere verse en conflicto por las medidas de presión que se asumirán en el cabildo del 30 de septiembre en procura de que se realice el Censo en 2023.
"Esperamos que la respuesta sea antes del 30 así se evitan, obviamente, de medidas de hecho que nosotros sí las vamos a adoptar", advirtió Cuellar en La Paz.
En respuesta, la viceministra Alcón señaló que "no corresponde ni tiene sentido" asumir ninguna medida de presión sino "cumplir los acuerdos que se han asumido".
"Cumplamos con lo que se ha dicho, estamos haciendo un proceso técnico, se está realizando la actualización cartográfica. Yo insto a que no politicemos (el Censo) sino trabajemos con responsabilidad y de manera técnica", insistió Alcón.
En la reunión del 15 de agosto, en Santa Cruz, los asistentes "coincidieron en que el desarrollo del Censo es un trabajo netamente técnico", además se propuso que constituir "una mesa técnica que incluirá al INE y los organismos internacionales (Cepal y Unfpa), especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado".