El profesor José Luis Álvarez no tiene reconocimiento como dirigente de la Federación de Maestros de Educación Urbana de La Paz, porque no rindió cuentas sobre el manejo de más de Bs 7,04 millones, informó este lunes la ministra de Trabajo, Verónica Navia.

"Los que tienen deudas con su propio sector, los que tienen una notación en Contraloría como deudor de su propio sector no pueden tener reconocimiento en este Ministerio, porque estarían incumpliendo su propio estatuto", explicó, junto al director de Asuntos Sindicales, Ariel Alanoca, y el director General de Trabajo, Yecid Mollinedo.

La deuda implica a toda la dirigencia del magisterio urbano paceño de la gestión junio de 2014 a junio de 2016, que lideraba Álvarez.

"Exhortamos (a Álvarez) a cumplir con su estatuto, rinda cuentas a su sector y limpie la imagen de la Federación de Maestros de Educación Urbana", desafió Navia.

En dos ocasiones, informó la Ministra, el Ministerio de Trabajo notificó a la Federación con un informe de improcedencia técnica con observaciones que debían ser subsanadas.

"A la fecha no ha salido una resolución (ministerial) de rechazo, sino que se debe subsanar el informe porque hay elementos colaterales como el no pago de salarios, perjudica la falta de un informe de rendición de cuentas de una gestión y que deben a su propia federación más de Bs 7 millones", detalló.

Navia explicó también que el Congreso del sector, que se llevó a cabo del 1 al 6 de noviembre de 2021, no aprobó el informe de la rendición de cuentas y más bien, solicitó hacer una auditoría externa.

Según el Acta de Congreso, se presentó un informe económico, pero no establece qué gestión, si corresponde a la gestión 2014-2016 o 2018 -2020.

Además, el Congreso concluye: "El segundo punto, informe económico se pone en suspenso hasta que se realice la auditoría externa".

De acuerdo con la ministra, para el reconocimiento por la Cartera de Estado, se pretendió remplazar el requisito con una aprobación del Consejo consultivo.

Sin embargo, el estatuto establece que la rendición de cuentas se tiene que aprobar en el Congreso y el Consejo consultivo no tiene atribución en este caso.

"Estamos con los documentos en la mano, el estatuto dice que se rinde cuentas ante Congreso y se hace auditoría, caso contrario, se inician procesos judiciales que corresponden", afirmó.